FACUA denuncia que un elevadísimo número de contadores eléctricos puede estar realizando mediciones incorrectas, según un informe de la CNE

El informe también considera que los usuarios llevan años pagando tarifas inadecuadas por el alquiler de los contadores y recomienda reducir a casi la mitad una cuantía que hoy considera excesiva.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que las compañías eléctricas españolas pueden estar facturando a los usuarios cantidades no acordes a la energía que consumen, dada la antigüedad de un parque de contadores cuyo funcionamiento nunca ha sido revisado por inspectores de la administración. Además, advierte que los usuarios llevan años pagando a las eléctricas cantidades inadecuadas por el alquiler de estos contadores, no teniendo opción a su compra dados sus sospechosamente elevados precios.

FACUA basa esta denuncia en los datos que aporta un informe elaborado por el órgano regulador del sector, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), tras una petición de información realizada el año pasado por las tres federaciones de consumidores andaluzas al Ministerio de Economía y la Junta de Andalucía.

El informe de la CNE, fechado el pasado 20 de septiembre, advierte que "la falta de regulación sobre la verificación periódica de los contadores de inducción conlleva que haya existido, desde siempre, una incertidumbre generalizada sobre la fiabilidad de la medida de dichos aparatos”. El organismo indica que “no existe una suficiente garantía en la medición", por lo que considera "imprescindible" que se complete la regulación de todas las fases del control metrológico, fundamentalmente las relativas a la verificación periódica de los aparatos, que aunque está recogida por la ley que regula la actividad metrológica, carece de una normativa específica aplicable.

De los 19 millones de contadores en régimen de alquiler, se desconoce la antigüedad de más del 16,4% (más de 3,1 millones) y más de 7,4 millones (más del 39%) supera los quince años de vida sin haber sido objeto de verificación periódica. Y la CNE indica que "con carácter general, se acepta internacionalmente que superados los primeros 15 años de vida, la fiabilidad de la medida no queda garantizada sin más".

Asimismo, la CNE señala la posibilidad de establecer en un futuro más o menos cercano la obligación de sustituir, paulatinamente, los equipos de medida de inducción por equipos de medida estáticos (electrónicos). Para la Comisión, la Administración competente debe proceder "de manera urgente" a establecer "una vida útil máxima" para la generalidad de los equipos de medida y control, que podría estar en los "30 años". La CNE recomienda una auditoría técnica para contrastar "los errores de medición que presentan los equipos de medida y control, según la antigüedad de los mismos". En este sentido, la Junta de Andalucía ya ha anunciado esta semana el inicio de una labor de inspección sobre una muestra de 1.500 contadores.

Alquiler de contadores

La CNE considera que el precio máximo permitido por el Gobierno a las eléctricas para el alquiler de los contadores a los usuarios, un 1,25% mensual del precio medio de estos aparatos, pudo resultar adecuado en 1984, pero excesivo en la actualidad, y recomienda que se reduzca al 0,67%, casi la mitad. De hecho, en sólo 6 años y 8 meses, las eléctricas amortizan con el alquiler la compra de estos aparatos.

Además, los usuarios se ven desalentados en la opción de compra de estos aparatos, ya que su precio en el mercado es, antes de impuestos, un 150% mayor que el que les supone a las eléctricas, por lo que la CNE advierte que "los mecanismos de fijación de precios en el mercado de contadores pudieran ser discriminatorios para los diferentes tipos de compradores, lo cual corresponde legalmente examinar a los órganos competentes en materia de competencia".

La CNE demanda un adecuado sistema de fijación de los precios máximos de alquiler, los cuales recomienda revisar cada cuatro o cinco años. "Desde el año 1987", indica el informe, "existe una regulación inadecuada por falta de metodología en cuanto los criterios de revisión de los precios máximos de alquiler de los equipos de medida y control", ya que desde entonces se estableció la evolución de dichos precios en un porcentaje igual al de la tarifa eléctrica, algo "inadecuado, ya que los costes incurridos por las empresas distribuidoras por prestar el servicio de redes, poco tiene que ver con el servicio prestado por alquiler de equipos de medida".

Por otro lado, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que ordena al Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid que incoe un procedimiento penal para investigar la querella presentada por el ingeniero Antonio Moreno Alfaro por un supuesto fraude en los precios del alquiler de los contadores, revocando la resolución adoptada por el referido Juzgado al entender que "los hechos denunciados revisten 'prima face' los caracteres de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas".

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