El Tribunal de Luxemburgo declara ilegal la ley 'anti-EdF'

Diseñada en 1999 para frenar la entrada de la eléctrica francesa en Hidrocantábrico.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declaró hoy ilegal la denominada ley anti-EdF o ley Rato, que fue diseñada en 1999 para frenar la entrada de la eléctrica francesa en Hidrocantábrico. La norma establece que cualquier empresa extranjera con capital público que quiera comprar más del 3% de una eléctrica española tiene que pedir autorización al Gobierno.

La sentencia llega en plena efervescencia de rumores sobre el interés de EdF por hacerse con el control de Iberdrola.

El TUE dictaminó que la ley anti-EdF "puede disuadir a las entidades públicas establecidas en otros Estados miembros de adquirir participaciones en las empresas españolas que operen en el sector energético y, por tanto, constituye una restricción a la libre circulación de capitales".

La sentencia señala además que España "no ha probado" que esta norma "constituya una medida adecuada para garantizar el abastecimiento de energía en España" y que, "en cualquier caso, dicha medida es desproporcionada con respecto al objetivo perseguido".

España ya modificó esta ley el 30 de diciembre de 2003 tras una primera sentencia negativa del Tribunal de Luxemburgo de mayo de ese mismo año. Sin embargo, la Comisión consideró que los cambios realizados no eran suficientes, puesto que daban a las autoridades amplios poderes discrecionales para decidir autorizar o no el ejercicio de los derechos de voto en empresas energéticas españolas por parte de entidades públicas.

El Ejecutivo comunitario señaló además que este régimen iba más allá de lo necesario para el objetivo de salvaguardar las operaciones y la prestación de los servicios de dichas empresas. Además, subrayó que los argumentos de España en defensa de la ley son "insatisfactorios" a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.

La sentencia da la razón a la Comisión en todo y dictamina que España "ha incumplido las obligaciones que le incumben" en virtud del Tratado al mantener unas reglas "que limitan los derechos de voto correspondientes a las acciones poseídas por las entidades públicas en las empresas españolas que operen en el sector energético".

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