El Juzgado de Valladolid que instruye el 'caso Riverduero' se inhibirá en favor de Audiencia Nacional

La juez ratifica la prisión provisional comunicada y sin fianza dictada contra los dos detenidos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid anunció hoy su intención de solicitar su inhibición en favor de la Audiencia Nacional respecto del caso de presunta estafa continuada por valor de unos 25 millones de euros que se imputa a los dos administradores de Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión, SA.

La juez de Valladolid sobre la que recayó el caso, tal y como informaron a Europa Press fuentes jurídicas, entiende que el mismo excede de su competencia y debería ser instruido por la Audiencia Nacional, ya que entre los cerca de 500 afectados, aunque buena parte de ellos son de la provincia vallisoletana, hay también víctimas de Madrid, Sevilla, Galicia y Palencia.

Así lo expuso la instructora durante la comparecencia celebrada hoy en el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid y en la que ratificó el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza que el pasado domingo dictó el Juzgado de Instrucción 4, entonces en funciones de guardia, contra los dos acusados, L.B.P. y J.M.C.C., de 61 y 57 años, respectivamente, por delito de estafa.

Aunque el Juzgado de Guardia tomó ya declaración a los dos detenidos, la juez de Instrucción 3 volvió a realizar un breve interrogatorio a ambos, quienes reiteraron que en ningún momento pretendían apropiarse de dinero alguno y que estaban tratando de pagar a los clientes que pedían el reembolso de sus inversiones.

La detención de los dos administradores de Riverduero, con oficina principal en Valladolid y delegación en Sevilla, se produjo el pasado día 15 de febrero en los alrededores de la oficina, situada en la Plaza Mayor de Valladolid.

Las investigaciones se iniciaron tras las denuncias presentadas ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid el 28 de enero por varios clientes contra los administradores de la sociedad mercantil, en las que reconocieron haber confiado importantes cantidades de dinero a la citada empresa para su posterior inversión en productos derivados aunque no pudieron recuperar sus fondos a pesar de haberlo intentado en repetidas ocasiones en las que los administradores les dieron continuas largas.

Tras las denuncias, el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid encomendó con carácter urgente la investigación de los hechos al Grupo de Delincuencia Económica, cuyos agentes concluyeron, tras tomar declaración a varios clientes y recabar información en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), brokers y entidades financieras, que la sociedad funcionaba como un chiringuito financiero.

En este sentido, las mismas fuentes aseguraron que Riverduero no estaba debidamente registrada en la CNMV para prestar los servicios que ofrecía, cuestión que ocultaban a clientes y empleados, y que la empresa ofrecía productos inexistentes o con elevados rendimientos a través de la inversión en productos derivados que pueden conllevar el riesgo de pérdida total de la inversión, de lo que no informaban de manera correcta a los clientes.

Asimismo, la empresa no llevaba las cuentas individualizadas con las posiciones de cada cliente ni la más mínima contabilidad, hasta el punto de que las cuentas anuales que depositaban en el Registro Mercantil "no se correspondían con la realidad".

Invertía sin cobertura

De la información recabada durante la investigación, la Policía determinó que Riverduero comenzó a invertir capital procedente de las aportaciones de los clientes a partir de 1999 y sin ningún tipo de cobertura, por lo que obtenía importantes pérdidas de las que no informaba a los clientes, que en todo momento pensaban que su dinero era invertido con garantías y plena cobertura.

Por ello, cuando los clientes pedían el reembolso de su capital invertido más los intereses, los administradores de la empresa lo devolvían pero procedente de las aportaciones de nuevos clientes, que se derivaban también al pago de los gastos ordinarios y de mantenimiento de la sociedad como el alquiler de las oficinas o nóminas muy cuantiosas.

La situación se volvió insostenible a partir del verano de 2007, momento en el que no se podían atender las solicitudes de reembolso de los clientes, que acudían en masa a rescatar sus aportaciones, y tampoco podían hacer frente a los gastos ordinarios, lo que derivó en una situación de total iliquidez e insolvencia patrimonial.

La mayor parte de los clientes son de Valladolid aunque la cartera de la empresa incluía otros de Palencia, Madrid o Galicia, a los que se suman los de la delegación de Sevilla, que contaba con "numerosos clientes".

Entre los clientes, según las mismas fuentes, había un grupo con gran capacidad económica y que aportó importantes cantidades de dinero y otros que, en cambio, realizaron aportaciones de menor cuantía y a los que la actuación de los administradores ha dejado en una situación muy precaria.

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