Cataluña sancionará a Repsol por el vertido en el río tarraconense Francolí

Provocó la muerte de más de una tonelada de peces y obligó a la empresa municipal de agua a cerrar el suministro.

La Conselleria de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente sancionador a la empresa Repsol por el vertido de aguas residuales en el río Francolí, que se produjo el pasado 6 de febrero y provocó la muerte de más de una tonelada de peces. La sanción, que aún se tiene que determinar, puede alcanzar los 90.000 euros.

Según informa la Generalitat, tras analizar el informe elaborado por Repsol, los técnicos de la Subdirección General de Seguridad Industrial detectaron que la causa del accidente estaba en deficiencias en el diseño del sistema de recogida de aguas residuales de la empresa y una falta de mantenimiento de las conexiones.

Se comprobó que, sin que la empresa lo supiera, había una conexión directa al río Francolí de una parte de las instalaciones. Además, se observó también una falta de mantenimiento de las conexiones flexibles de trasvase de las aguas residuales al tanque. Este factor impidió detectar la falta de estanqueidad de la conexión y la posterior corrosión que, finalmente, ocasionó la rotura de la manguera que inició el vertido.

Por ello, la Generalitat exige a la empresa la revisión completa del sistema de recogida de aguas de la planta del Morell (Tarragona), para garantizar que no se repita el accidente, y un plan de mantenimiento específico de las conexiones flexibles.

Además, sigue su curso el expediente abierto por la Agencia Catalana del Agua (ACA) por el mismo hecho. En caso de detectarse negligencias en la actuación de Repsol, podría derivar en acciones legales y se llevará el caso ante la fiscalía, según informó en su día la Conselleria de Medio Ambiente.

Las aguas residuales que se vertieron al Francolí contenían Fenol, una sustancia tóxica que provocó la muerte de 1.200 kilos de peces, principalmente anguilas y carpas, por falta de oxígeno. También obligó a la empresa de aguas municipales, Ematsa, a cerrar el suministro de captación de agua desde la mina afectada.

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