FACUA y Al-Andalus denuncian que las modificaciones a la Ley de Comercio Interior de Andalucía reducirán en un 400% la cuantía de las sanciones y favorecerán el archivo de muchos expedientes

La Junta de Andalucía da un paso atrás en la regulación del comercio al consensuar los cambios en la Ley con empresarios y sindicatos de espaldas a los representantes de los consumidores.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus denuncian que las modificaciones a la Ley de Comercio Interior de Andalucía consensuadas por la Administración, los empresarios y sindicatos supondrán una reducción del 400% en la cuantía de las sanciones que se impondrán a quienes incumplan la norma.

FACUA y Al-Andalus denuncian la Junta de Andalucía ha dado un paso atrás en la regulación del comercio al elaborar el nuevo texto de espaldas a los representantes de los consumidores. Una medida, que ambas federaciones consideran de extrema gravedad, que ha roto el consenso con el que Administración, empresarios, sindicatos y asociaciones de consumidores habían negociado una Ley, aprobada en 1996, nacida fruto de las reivindicaciones de todos los agentes que intervienen en el comercio.

Las multas pasarán de un mínimo de 601,01 euros (100.000 pesetas) y un máximo de 601.012,10 euros (100 millones de pesetas) a un arco de entre 150,25 euros (25.000 pesetas) y 150.253,03 euros (25 millones de pesetas). Además, los expedientes sancionadores sobre infracciones leves se archivarán si el silencio administrativo se prolonga durante seis meses, en lugar del año establecido actualmente, lo que puede favorecer numerosos archivos dado el déficit de personal de la administración dedicado a estas tareas.

Asimismo, FACUA y Al-Andalus critican que las infracciones que supongan graves riesgos para la salud y la seguridad de las personas dejaran de considerarse muy graves. Por otro lado, dejará de aplicarse la medida cautelar de intervenir mercancías cuando existan indicios racionales de fraude, falsificación, imposibilidad de su identificación o incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para su comercialización. También la regulación de las rebajas saldrá afectada negativamente, al eliminarse la obligación de identificar claramente el precio antiguo y el rebajado de los productos; con las modificaciones de la norma, tan sólo será obligatorio indicar el porcentaje de descuento aplicado.

Pese a su petición de participación, el Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía, máximo órgano de representación y consulta de los consumidores, ha sido excluido de la mesa de negociación donde la Consejería de Economía, los empresarios y los sindicatos se han sentado a negociar las modificaciones en la Ley.

Los representantes de los consumidores sólo tendrán oportunidad de expresar sus valoraciones en el obligatorio trámite de audiencia, una vez que el proyecto había sido elaborado, con lo que difícilmente, como demuestra la experiencia con otras normas, se introducirán cambios sustanciales en el texto que finalmente apruebe el Parlamento Andaluz.

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