Anulada otra licencia ambiental concedida a Basf para la producción de propileno en Tarragona

Decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado otra licencia ambiental que la Conselleria de Medio Ambiente concedió a la química Basf Sonatrach Propanchem para producir 350.000 toneladas de propileno en una fábrica situada en el término municipal de Tarragona.

La Sección Tercera de Sala Contencioso-Administrativa decidió estimar el recurso interpuesto por la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona y la Asociación para la Protección Ambiental de la Costa Daorada, contra las resoluciones emitidas por la Conselleria en abril de 2004 y mayo de 2005 en las que autorizaban la producción de propileno.

Los demandantes alegaban irregularidades en el procedimiento empleado para otorgar la licencia, falta de estudio del impacto ambiental e incumplimiento en el proceso de información vecinal, así como de las distancias mínimas a núcleos habitados.

El tribunal ha determinado que, durante la tramitación de la licencia, la Generalitat no exigió a Basf información sobre la composición y la cantidad de gases residuales -generados durante la producción- que emitiría la antorcha de la fábrica, si bien esas emisiones deben estar limitadas.

Asimismo, consideró como motivo de impugnación del permiso, la omisión de la documentación e información preceptiva sobre prevención de accidentes graves, así como la falta de un estudio que acreditase la calidad del suelo y permitiera evaluar la posible contaminación tanto de éste como de las aguas subterráneas.

Nueva autorización anulada

El pasado día 6, el TSJC hizo pública una sentencia en la que anulaba otra autorización ambiental para la actividad de fabricación de productos químicos en el complejo de empresas de Basf de La Canonja (Tarragona), que había sido recurrida por el Grupo de Estudio de los Ecosistemas del Campo (Gepec).

El grupo ecologista alegaba irregularidades en la tramitación de la licencia medioambiental que la Conselleria de Medio Ambiente a Basf el 3 de octubre de 2003. También sustentaba el recurso en la falta de un informe sobre el riesgo de la actividad de Basf en la población y del pertinente estudio hidrogeológico, y en la posibilidad de un efecto cadena entre todas las instalaciones.

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