La Audiencia Nacional condena a Antonio Camacho a 11 años de cárcel por el 'caso Gescartera'

Declara responsables civiles subsidiariarios a La Caixa y Caja Madrid Bolsa.

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha condenado al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, a 11 años de prisión, la pena máxima solicitada por el Ministerio Fiscal, al considerarle culpable de los delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental por la desaparición de 50,2 millones de euros de la agencia de valores.

El tribunal ha declarado responsables civiles subsidiariarios a La Caixa y Caja Madrid Bolsa, así como a las entidades de Gescartera Gestión, Bolsa Consulting Madrid, Breston, Pormociones Andolini, Asesoría y Gestión de Patrimonios.

La sentencia destaca el papel jugado por los principales responsables de Gescartera en la estafa, "tanto el accionista principal, Antonio Camacho, como el director general José María Ruiz de la Serna, así como del subdirector general, Francisco Javier Sierra de la Flor".

Según indica, estas tres personas "de manera coordinada realizaron actuaciones encaminadas a adueñarse de parte de los fondos confiados, a desviarlos de la esfera patrimonial de sus titulares y a desatender los requerimientos de la CNMV en las visitas de inspección que practicaba".

El fallo otorga a los condenados una responsabilidad civil de más de 87 millones de euros. El tribunal condena también a la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna a 3 años y seis meses de cárcel por complicidad en delito continuado de apropiación indebida.

El dictamen condena al número dos de Camacho, José María Ruiz de la Serna a 10 años y medio de cárcel por delitos de apropiación indebida y falsedad documental, así como al responsable de la comercial de Gescartera Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, a 9 años de prisión por los mismos delitos.

El asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, y el apoderado de la empresa, Francisco Javier Sierra de la Flor, fueron condenados a seis años de cárcel por delitos continuados de apropiación indebida.

El veredicto absuelve a la mujer de Camacho, Laura García Morey, al jefe de mantenimiento, Miguel Ángel Vicente, a la administradora única de AGP, Ángeles Leis, al asesor Agustín Fernández Ameneiro, a la contable de Gescartera, Inmaculada Baltar y al considerado testaferro de Camacho, Carlos Pascual Ortín Barrón.

El fiscal pide ingresos en prisión

Tras la lectura de la sentencia, el fiscal Vicente González Mota solicitó el ingreso en prisión para aquellos acusados que han sido condenados a penas superiores a cinco años. Se trata de Antonio Camacho, José María Ruiz de la Serna, Francisco Javier Sierra de la Flor, Aníbal Sardón y Julio Rodríguez Gil.

La presidenta del tribunal, Carmen Paloma González, leyó hoy el fallo de la sentencia, que cuenta con más de 500 páginas, en las instalaciones de la Audiencia Nacional situadas en la Casa de Campo de Madrid donde se desarrolló el juicio.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres primeros 11 años de cárcel por delitos continuados de falsedad documental y apropiación indebida. El fiscal pidió ocho años de prisión para Giménez Reyna por apropiación indebida.

La sentencia llega siete años después de la intervención de Gescartera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en junio de 2001, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación.

El macro juicio quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre, tras tres meses de vista oral y treinta y nueve sesiones durante las que declararon los 14 imputados, un centenar de testigos, más de una decena de peritos y 9 altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el juicio estuvieron personadas cerca de cuarenta acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, los responsables civiles subsidiarios, los partícipes a título lucrativo y perjudicados, lo que sumaron un total de 100 partes personadas. El sumario ocupó 50.000 folios y estuvo instruido por la jueza Teresa Palacios, quien ordenó la apertura de juicio en mayo de 2005.

El estallido del escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. Ambos dimitieron.

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