España deberá devolver 55 millones de ayudas europeas por la plantación no autorizada de viñedos

Bruselas también exige que se recuperen 2,75 millones por deficiencias en los controles de calidad en el sector del plátano y 1,90 millones por irregularidades en las auditorías financieras agrícolas.

España deberá devolver 55 millones de euros de ayudas agrícolas europeas por la plantación no autorizada de viñedos durante los años 2003 y 2004, según anunció hoy la Comisión Europea.

Bruselas exige además a las autoridades españolas que recuperen 2,75 millones de euros por deficiencias en los controles de calidad en el sector del plátano y 1,90 millones por irregularidades en las auditorías financieras agrícolas. En total, la factura asciende a casi 60 millones de euros.

España es, con diferencia, el Estado miembro más castigado por esta decisión del Ejecutivo comunitario de recuperación de ayudas, ya que acapara tres cuartos del montante global a devolver en toda la UE (83 millones).

También deberán devolver ayudas agrícolas a causa de diversas irregularidades Francia (11,9 millones), Italia (4,66 millones), Alemania (4,34 millones), Luxemburgo (2,08 millones), Irlanda (0,77 millones), Portugal (0,27 millones), Austria (0,06 millones), Dinamarca (0,03 millones), República Checa (0,01 millones) y Países Bajos (0,008 millones).

La comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, resaltó que la Comisión trabaja "a fondo" para mantener "el máximo control posible sobre los gastos agrícolas". "A fin de cuentas, se trata de dinero de los contribuyentes, y éstos tiene derecho a saber que se emplea correctamente", afirmó en un comunicado.

El dinero que tienen que devolver los Estados miembros por la utilización de procedimiento de control inadecuados o por el incumplimiento de las normas comunitarias que rigen los gastos agrícolas vuelve al presupuesto comunitario.

Bruselas recordó que a los países de la UE les corresponde efectuar los pagos derivados de la política agrícola común (PAC) y controlar los gastos efectuados, mientras que la Comisión está obligada a garantizar el empleo correcto de los fondos por parte de aquellos.

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