El regulador británico investiga por un presunto pacto de precios a Gallaher e Imperial Tobacco, propietaria de Altadis

En connivencia con once compañías de distribución y cinco cadenas minoristas.

La Oficina de Comercio Justo de Reino Unido (OFT, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre las presuntas prácticas ilegales realizadas por las tabaqueras Gallaher e Imperial Tobacco, propietaria de Altadis, en connivencia con once compañías de distribución para limitar la capacidad de los minoristas a la hora de fijar los precios de venta del tabaco en el país.

La OFT ha comunicado a las dos tabaqueras y las cadenas de distribución Asda, Co-operative Group, First Quench, Morrisons, Safeway, Sainsbury, Shell, Somerfield, T&S Stores, Tesco y TM Retail, que podrían haber incurrido en "prácticas ilegales" entre el año 2000 y 2003 a la hora de fijar los precios de "todos o algunos productos", vulnerando la Ley de Competencia de 1998.

En concreto, el regulador británico alega que las prácticas ilegales comprendían, en diferentes periodos y con diferentes actores, acuerdos entre cada tabaquera y cada distribuidor que restringía la capacidad de dichos minoristas para determinar los precios de venta al público de manera independiente, puesto que vinculaban el precio de los productos de las tabaqueras implicadas al de los productos de la competencia.

Asimismo, la OFT señala que Imperial Tobacco y Gallaher podrían haber concertado precios a través de las cadenas minoristas Asda, Sainsbury, Shell, Somerfield y Tesco.

"Para el correcto funcionamiento de los mercados de cara a los consumidores es un principio fundamental que las decisiones sobre precios se tomen con independencia", señaló el director de la OFT, John Fingleton, quien aseveró que si finalmente quedan probadas, las citadas prácticas constituirían una "grave violación de la legalidad".

No obstante, el regulador británico indicó que por el momento aún no puede determinarse si las empresas implicadas han infringido la ley, puesto que las citadas compañías cuentan con un periodo de alegaciones que podría rondar los dos meses.

Por su parte, Imperial Tobacco rechazó en un comunicado cualquier supuesta implicación en actividades contrarias al interés de los consumidores y anunció que estudiará con detalle la notificación de la OFT y que presentará las alegaciones oportunas "a su debido tiempo".

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