FACUA y Al-Andalus denuncian una involución de la Junta de Andalucía en sus relaciones con el movimiento de consumidores

FACUA y Al-Andalus han presentado un informe donde exponen los motivos por los que rechazan el recién aprobado Plan Estratégico de Protección al Consumidor de Andalucía

El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y la secretaria general de la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, Mª de los Angeles Rebollo Sanz, han explicado en rueda de prensa los motivos por los que sus organizaciones rechazan el Plan Estratégico de Protección al Consumidor de Andalucía 2002-2005, aprobado el pasado 21 de mayo.

Un documento que han calificado de "poco ambicioso", que globalmente se reduce a "un conjunto de buenas intenciones que no se concretan ni se garantizan en su posterior desarrollo" y que "no representa un auténtico avance en los niveles y medidas de protección al consumidor, como tampoco apuesta por vertebrar a la sociedad civil en torno a las asociaciones de consumidores, a las que ni fomenta ni apoya", revelando con ello una supuesta autosuficiencia de la Administración.

Además, denuncian que el Plan "representa una clara involución de la Junta de Andalucía en sus relaciones con el movimiento de consumidores, que se había caracterizado en los últimos veinte años por el consenso, ahora roto".

Los dirigentes de ambas federaciones han presentado un informe, titulado Motivos para un rechazo, en el que exponen los motivos de su rechazo al Plan Estratégico, entre los que destacan la "falta de voluntad política en la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación para dar una auténtica participación a las organizaciones representativas de los consumidores en los diseños y ejecución de las políticas de Consumo".

Al-Andalus y FACUA denuncian que la Junta de Andalucía se ha negado a reconocer a las organizaciones de consumidores como agentes económicos y sociales que intervienen en el mercado y como asociaciones de relevancia constitucional, como señala en su exposición de motivos la propia Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Así, dicha Ley ha estimado "acertadamente" dejar fuera a las asociaciones de consumidores, sindicatos y organizaciones empresariales.

"El punto clave del Plan", advierte el informe elaborado por FACUA y Al-Andalus, "es la reforma del marco normativo para actualizarlo a las nuevas necesidades de los consumidores y el mercado", pero el borrador del anteproyecto de modificación de la Ley de los Consumidores y Usuarios de Andalucía que han conocido las federaciones de consumidores "no representa una auténtica reforma ni una actualización de la misma a las nuevas necesidades actuales", ya que "sus cambios sólo afectan fundamentalmente al capítulo referente a las inspecciones y sanciones, pero manteniendo el resto de la Ley prácticamente igual al texto de 1985". Además, el Plan Estratégico no concreta qué otras reformas normativas pudieran ser necesarias, limitándose a mencionar algunas que llevan años prácticamente elaboradas y cuya aprobación definitiva viene siendo demandada insistentemente por las asociaciones de consumidores, "lo que sitúa muy bajo el listón de objetivos del Plan".

Las dos federaciones consideran contradictorio que el Plan apueste por el impulso y consolidación del movimiento asociativo en el ámbito local "y sin embargo se siga sin atender las reiteradas peticiones de las organizaciones de consumidores sobre la necesidad de actualizar el papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de forma que asuman más competencias en el control e inspección del mercado y dejen a las asociaciones la tarea de atender las consultas y reclamaciones de los consumidores, evitando así la competencia desleal que en la práctica se está produciendo y que está frenando el desarrollo del movimiento consumerista".

Ambas federaciones denuncian que el Plan Estratégico señala que la Junta de Andalucía fomentará el asociacionismo, sin apenas esbozar cómo, y el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, mientras que en la práctica se está haciendo todo lo contrario. Así, se está recortando el papel y las funciones de dicho órgano de representación y consulta de los consumidores andaluces, impidiendo que juegue un papel eficaz y autónomo en defensa de los intereses que representa, negándole incluso su carácter de máximo órgano de representación institucional de las organizaciones de consumidores y la potestad de elaborar su Reglamento de funcionamiento.

También critican que el Plan hable de adecuar las estructuras administrativas a las necesidades reales de protección al consumidor, "pero no se comprometa a dotar de mayores recursos humanos y técnicos a la Administración de Consumo, a las juntas arbitrales y a la inspección de Consumo, que presentan importantes carencias en la actualidad".

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