Lo amenazaron con acciones legales

Vodafone intentó cobrar 116 euros a un usuario que solicitó la baja un día antes de finalizar su compromiso de permanencia

Tras la reclamación de FACUA, la compañía reconoce que incumplió la legislación y anula la facturación.

Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Vodafone ha reconocido que incumplió la legislación al haber llegado a amenazar con acciones legales a un usuario que se negaba a pagar una penalización de 116 euros por haberse dado de baja un día antes de finalizar su compromiso de permanencia de 18 meses.

FACUA informa a los usuarios que las penalizaciones incluidas en los contratos que impliquen periodos de permanencia deben coincidir con el importe de los productos o servicios bonificados y disminuir proporcionalmente en función de su tiempo de vigencia.

El sevillano Jorge A.O. solicitó el pasado diciembre la portabilidad a otra compañía, tras lo que Vodafone le recomendó que la cancelase ya que le quedaban unos días para que concluyese su contrato de permanencia. Pese a que el usuario siguió las indicaciones de la compañía para cancelar la portabilidad y no ser penalizado, errores en Vodafone provocaron que el cambio de operador sí se hiciese efectivo, justo un día antes de finalizar el periodo de permanencia.

Posteriormente, Jorge recibió una factura de Vodafone en la que se incluía un cargo en concepto de "cancelación contrato permanencia" cuya cuantía era de nada menos que 116 euros (100 más IVA).

Pese a las reiteradas reclamaciones a la compañía, el usuario llegó a recibir una carta en nombre de Vodafone del despacho de abogados Tacit & Asociados en la que le amenazaban con iniciar "acciones legales", asegurando que "después de revisar la facturación no existe error alguno" por parte de la compañía.

Jorge decidió asociarse a FACUA para que actuara en su defensa. El equipo jurídico de FACUA Sevilla se dirigió a Vodafone para advertirle que si ya el error al no cancelar la portabilidad debía eximir al usuario del pago de cualquier penalización, la cuantía exigida era totalmente desproporcionada, implicando un "enriquecimiento injusto" y contraria a la legislación.

Así, la "fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados" implica una cláusula abusiva según el artículo 87.6 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).

FACUA señaló al operador que llegado el penúltimo día de los 548 que implicaba el contrato de permanencia, Vodafone ya habría recuperado la inmensa mayoría de la inversión que supuestamente realizó con el usuario al firmarlo con la entrega de un móvil a precio bonificado, en este caso un Sharp GX25.

En su respuesta, Vodafone reconoce a FACUA que conforme a la legislación vigente, el cargo por una baja que implique la cancelación de un contrato de permanencia debe ser "proporcional al tiempo de vigencia del contrato de permanencia". La compañía "ha procedido a realizar el abono del cargo de 116 euros, impuestos incluidos, debido a que faltaba un día para la finalización de ese compromiso".

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