FACUA denuncia que el Gobierno español está dañando los intereses de los consumidores y los productores ecológicos para favorecer a la industria láctea

La Federación se muestra satisfecha ante el expediente abierto a España por Bruselas al permitir el uso del término bio en productos no ecológicos en contra del derecho comunitario.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que el Gobierno español está dañando los intereses de los consumidores y de los productores ecológicos para favorecer a la industria láctea, al permitirle el uso del término bio para denominar productos no procedentes de la agricultura ni la ganadería biológicas en contra de lo establecido en el derecho comunitario.

En este sentido, FACUA se muestra satisfecha ante el procedimiento que acaba de abrir la Comisión Europea contra España ante el incumplimiento del derecho comunitario. La Comisión ha enviado un dictamen motivado (segunda fase de un procedimiento de infracción) en el que insta a España a modifique el Real Decreto 506/2001, por el que autorizó el uso indiscriminado de la denominación bio, en contra de la directiva europea que la limita a productos ecológicos, en vigor desde el 24 de agosto de 2000.

Ya a finales de 2000, FACUA denunció a siete empresas del sector alimentario por vulnerar la normativa comunitaria al denominar con el término bio una serie de productos no procedentes de la agricultura o ganadería ecológicas. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fue que no abriría expediente a dichas firmas por una supuesta "coherencia con la normativa comunitaria", argumentando que ésta sólo planteaba en España la regulación de la denominación eco, tras lo que aprobó el citado Real Decreto liberando el uso del término bio.

La entrada en vigor del Real Decreto 506/2001 provocó la interposición de denuncias por parte del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), con el apoyo del Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía, por considerar que el Gobierno no sólo incumplía claramente el Derecho Comunitario, sino que con su actitud perjudicaba seriamente a los derechos de los consumidores, que podrían confundir los productos bajo esta denominación con aquellos procedentes de producciones ecológicas.

En repuesta a dichas denuncias, la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea inició el año pasado el procedimiento de infracción contra el Gobierno español a fin de que modificase el citado Real Decreto y ajustase la norma a los criterios establecidos por la Unión Europea.

A finales de 2002, el CCU de Andalucía instó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que modificase sin más dilación el Real Decreto con el que había liberalizado el uso del término bio ante las presiones de las grandes industrias alimentarias, sin que hasta la fecha se hayan producido cambios en el mismo.

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