La Comisión Nacional de la Energía discrepa de los criterios de la "tarifa social"

Se ratifica en que la luz debe subir un 11,3% y ve "discutibles" los principios de progresividad aplicados por Industria.

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) discrepó ayer de los criterios de la "tarifa social" y se ratificó en que el precio medio de la tarifa eléctrica para el tercer trimestre debería aumentar un 11,3% de promedio, y no el "insuficiente" 5,6% propuesto por el Ministerio de Industria.

El regulador entiende que el incremento que aplicará Industria no cubre los costes totales del sistema, por lo que no será capaz de evitar que se siga generando déficit tarifario. Por ello, la CNE insiste en que los 66,14 euros por kilovatio hora (kWh) de su propuesta siguen siendo una estimación "mejor" del precio final de la energía en el tercer trimestre a la realizada por Industria.

Un precio inferior al real hará "más grave el problema asociado al déficit", mientras que un precio "ligeramente superior" permitiría utilizar el exceso de ingresos para compensar parte de este desajuste, señala el organismo presidido por María Teresa Costa.

"Tarifa social"

En su informe sobre el borrador de orden ministerial sobre tarifas eléctricas, el regulador se muestra además favorable a la "tarifa social", aunque considera que debería ser establecida por parámetros de renta en lugar de criterios de potencia. Para ello, el organismo presidido por María Teresa Costa aboga por utilizar como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

La CNE considera también adecuado que la orden ministerial permita disfrutar de la "tarifa social" a los consumidores que no dispongan de Interruptor de Control de Potencia (ICP). Si el hogar no cuenta con este sistema, señala, el distribuidor deberá proceder a su instalación.

En suma, considera que el diseño de "tarifa social" realizado por el departamento dirigido por Miguel Sebastián puede presentar "lagunas normativas" que dificultan su "correcta operatividad".

Además, el regulador reprocha a Industria que le remitiera el borrador de la orden ministerial sin apenas plazo para estudiarlo ni consultarlo con los agentes del sector. El texto llegó a la CNE el 13 de junio, y el informe sobre el mismo debía ser aprobado esta semana para la entrada en vigor de la orden el 1 de julio.

También lamenta que Industria haya elaborado una orden ministerial en la que se echa de menos una justificación "de forma más explícita" de los cambios aplicados con respecto a la propuesta inicial sobre tarifas de la CNE.

"Discutible progresividad" de la tarifa

Otro de los aspectos de la orden que critica el regulador es el concepto de "progresividad" de la tarifa, mediante el cual los primeros 12,5 kWh mensuales es gratuito y, a partir de un umbral de demanda, se empieza a penalizar el consumo.

La CNE entiende que la progresividad pretende dar una "señal positiva" sobre el ahorro, pero ve "discutible" su aplicación en los términos del borrador, ya que los umbrales de consumo establecidos "no han sido motivados convenientemente".

"Cualquier medida que afecte a tan elevado número de clientes, con características de consumo muy diversas y no conocidas, debido a la falta de información horaria de perfiles de dichos clientes, debe analizarse y justificarse de forma exhaustiva", advierte la CNE.

Como alternativa para fomentar el ahorro, la Comisión propone que, en vez de progresividad, se apliquen opciones tarifarias por bloques horarios.

Revisar la estructura de la tarifa

Como en anteriores ocasiones, el consejo de la CNE advierte de la importancia de revisar los distintos costes que configuran la tarifa, así como de su cuantía. Junto a esto, es necesario ir más allá realizar un "detenido examen" del funcionamiento de los mercados energéticos en España, señala.

El consejo de la CNE defiende que se suministre al consumidor la señal de precio exacta de la energía que consume y que no se trasladen al futuro los costes que se producen al generar la electricidad. En la actualidad, los consumidores pagan a quince años el déficit de tarifa contraído por el sistema eléctrico.

El regulador calcula que el déficit de tarifa del segundo y tercer trimestre del año será de 2.700 millones de euros. Para el conjunto del ejercicio, prevé que el desajuste alcance casi 4.800 millones.

Junto a esto, propone retirar la disposición adicional primera, acerca de los ICP, ya que antes de aplicarla es necesario saber si las empresas distribuidoras cumplieron a tiempo los planes de instalación de estos dispositivos y si estos planes fueron aprobados por las administraciones autonómicas.

Tarifa nocturna

Sobre la tarifa nocturna, la CNE insiste en que los clientes de esta modalidad, que desaparecerá a partir del 1 de julio, no deben pagar derechos de acometida por la ampliación de potencia a la que se verán obligados.

Por este motivo, señala, las cantidades indebidamente cobradas por los distribuidores en concepto de derechos de alta y acometida deberán ser devueltas a los consumidores. En este sentido, FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado sendas reclamaciones a Unión Fenosa e Iberdrola para que procedan a las devoluciones.

En cuanto a la supresión de tarifas de alta tensión, la tarifa horaria de potencia y las tarifas de riegos agrícolas de alta tensión, la CNE propone incorporar una disposición transitoria en el texto de la orden que detalle el procedimiento que se aplicará a los clientes sin contrato con comercializador a partir del 1 de julio.

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