Irregularidades

A petición de FACUA, Protección de Datos emite un informe sobre las 'listas negras' de usuarios creadas por ciertas emisoras de taxis

La asociación demanda al sector el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y reclama a las administraciones autonómicas y locales que regulen las condiciones de estos servicios.

A petición de FACUA-Consumidores en Acción, el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha elaborado un informe sobre el tratamiento de los datos de los usuarios que realizan las emisoras de taxis de determinadas ciudades españolas. Datos que son utilizados para la confección de listas negras de clientes a los que niegan el servicio con el argumento de que en alguna ocasión solicitaron un taxi y no esperaron hasta que llegase.

Recientemente, FACUA ha puesto de manifiesto las irregularidades que se están produciendo por parte de emisoras de taxis de Córdoba y Sevilla. En 2006, trascendieron situaciones similares en Vitoria.

La asociación demanda al sector el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y reclama a las administraciones autonómicas y locales que regulen las condiciones de estos servicios. En su informe, la Agencia señala que "el interesado deberá ser informado acerca del tratamiento" de sus datos personales, aunque sólo se trate del "número telefónico del solicitante y de su dirección". Esta información previa a la recogida de los datos debe facilitarse "de modo expreso, preciso e inequívoco".

Así, el usuario deberá ser informado, entre otras cosas, "de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información" y "de las consecuencias de la obtención de los datos", así como "de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición".

"En segundo término", continúa la Agencia, "dicho tratamiento deberá respetar el principio de conservación", el cual está previsto en el artículo 4.5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Éste indica que "los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados".

"Como regla general", advierte el informe de la AEPD, "el dato deberá haber sido cancelado una vez concluido el servicio, por lo que no sería posible su conservación y aún en menor medida su inclusión en una 'lista negra'".

Así, la Agencia advierte que sólo podrán conservarse los datos si "el interesado accediese". Y únicamente sería legal utilizar esa información para negar el servicio en el futuro si el usuario es informado por la emisora de taxis que "las condiciones para la prestación del servicio exigen que el interesado en caso de rechazar aquél informe a la compañía de esta circunstancia, quedando informado expresamente de que en caso de no cumplirse esas condiciones será posible la denegación del servicio en posteriores ocasiones".

En este sentido, FACUA señala que, independientemente de los elementos en materia de protección de datos que deben cumplir las emisoras de taxis, resulta fundamental que las autoridades competentes en materia de Consumo o Transportes regulen sus condiciones contractuales y parámetros calidad, ya que se trata de un servicio público.

En este sentido, FACUA considera necesario regular que en el momento de solicitar un taxi, las emisoras deban informar al usuario del tiempo máximo que consideran que tardará en llegar para que éste decida si quiere o no el servicio, además de identificarle al taxi que lo recogerá (matrícula y/o número de licencia). Si posteriormente, por la situación del tráfico, el vehículo va a retrasarse, la emisora tendría que contactar con el cliente para advertirle del imprevisto y conocer si continúa deseando el taxi.

FACUA advierte que la pretendida imposición del cobro del servicio o una penalización a los usuarios que deciden dejar de esperar supone una cláusula abusiva que implica una situación de claro desequilibrio entre las partes, según el artículo 82 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre). Y es que cuando el usuario espera un plazo excesivo, las emisoras no le ofrecen por su parte ningún tipo de contraprestación, como podría ser un descuento en la tarifa.

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