Transposición de directiva

Soria se compromete a llevar a los tribunales a las empresas que hagan 'spam' telefónico

Se considerará como práctica comercial desleal y agresiva realizar propuestas no solicitadas y reiteradas por teléfono, fax o correo electrónico.

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha anunciado que tomará "medidas contundentes" para acabar con el comúnmente denominado spam telefónico, salvaguardar los derechos de los consumidores y reforzar sus niveles de protección ante prácticas comerciales agresivas.

Entre ellas, el Ministerio ha anunciado que llevará a los tribunales a las empresas que hagan 'spam' telefónico. Se trata de una práctica que ha proliferado en los últimos años por parte de distintas empresas, entre las que Sanidad y Consumo destaca a las operadoras de telecomunicaciones, y consiste en llamar principalmente a los hogares para anunciar ofertas y servicios no solicitados.

"Este tipo de llamadas son insistentes, no solicitadas y tremendamente molestas para la mayoría de los consumidores, pues por regla general se producen en horas de descanso familiar (sobre todo a primera hora de la tarde y por la noche)", señala el Ministerio en un comunicado.

Las molestias de este tipo de llamadas también se producen porque el consumidor no tiene forma de discriminarlas, al recibirse la mayoría de las veces en números fijos y sin identificar, como números privados.

Transposición de la directiva comunitaria

Para "acabar", el departamento que dirige Bernat Soria, en colaboración con los ministerios de Justicia, Economía e Industria, está trabajando en la transposición de la directiva comunitaria 2005/29, relativa a prácticas comerciales desleales. Está previsto que se lleve próximamente al Consejo de Ministros un primer anteproyecto de ley para iniciar la tramitación de la directiva, de modo que pudiera estar incorporada al ordenamiento jurídico español antes de que finalice el año.

La transposición de esta normativa comunitaria permitirá atacar con más eficacia el spam telefónico, ya que se considerará como práctica comercial desleal y agresiva realizar propuestas no solicitadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.

Hasta la fecha, este tipo de prácticas no estaban reguladas de forma específica, salvo el spam electrónico, que está prohibido y puede perseguirse tal y como se recoge en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.

Con esta iniciativa no sólo se protegerán los derechos de los consumidores, sino también a las empresas que compiten de forma legítima en el mercado y que, de forma indirecta, se ven también perjudicadas por las prácticas desleales.

Comunicación a las operadoras

En este contexto, una de las primeras acciones que va a tomar el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional de Consumo (INC), será el envío de una comunicación con carácter disuasorio a las principales operadoras de telecomunicaciones para informarles de que el spam telefónico vulnera los derechos de los consumidores y que dicha práctica se considerará publicidad agresiva e infracción grave o muy grave en la nueva normativa cuando exista reincidencia.

A partir de ese momento, y una vez se incorpore al ordenamiento jurídico español la directiva, desde el INC, que es el organismo "encargado de velar por la defensa de los consumidores", se emprenderían acciones para solicitar la cesación de esas actividades "por vía judicial en caso de que las operadoras no desistan de estas prácticas de forma voluntaria", señala el comunicado del Ministerio.

El departamento dirigido por Bernat Soria señala que dichas acciones también podrán ser emprendidas, al quedar así legitimadas por la directiva, por las asociaciones de consumidores y usuarios si lo consideran necesario.

Fomento de los códigos de conducta

Además de estas acciones y en el marco de la transposición de la directiva europea, el Ministerio de Sanidad y Consumo promoverá la participación de las organizaciones empresariales y profesionales en la elaboración de códigos de conducta que "ayuden a controlar las prácticas publicitarias desleales de las empresas y a elevar el nivel de protección de los consumidores". En la elaboración de esos códigos también se contará con la participación de las organizaciones de consumidores.

Los códigos de conducta que se redacten deberán respetar la normativa de defensa de la competencia y se les dará una publicidad suficiente para su debido conocimiento por los destinatarios.

Asimismo, estos sistemas de autorregulación se dotarán de "órganos independientes de control" para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas y deberán establecer sistemas eficaces de resolución extrajudicial de las reclamaciones.

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