Encuesta

El 97% de los consumidores considera que las administraciones no han actuado como debían para evitar subidas de precios con la llegada del euro

El consumidor ante el euro, seis meses después, encuesta de ámbito nacional realizada por FACUA

El 97,3% de los consumidores suspende a las administraciones públicas al considerar que no han puesto los mecanismos suficientes para evitar las subidas de precios ocasionadas con la llegada del euro. Esta es una de los conclusiones de una encuesta realizada a nivel nacional por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA).

La encuesta El consumidor ante el euro, seis meses después, ha sido realizada entre los meses de mayo y junio por el departamento de Control y Análisis de Productos y Servicios de la Federación sobre una muestra de 486 usuarios de treinta provincias españolas a través de su portal en Internet, FACUA.org, y entrevistas personales. La mayoría de los encuestados, el 49,0%, tiene entre 31 y 50 años, el 36,8% entre 18 y 30 años y el resto más de 50 años.

Beneficiosa para los empresarios

La llegada del euro ha resultado más beneficiosa para los empresarios, según el 37,4% de los encuestados, para el Estado, según el 29,9% y para la banca, en opinión del 29,5%. Sólo el 2,3% considera que ha sido especialmente beneficiosa para los ciudadanos como trabajadores (1,4%) o como consumidores (0,9%). Sólo el 2,5% de los encuestados considera que una vez implantado el euro los precios han bajado (0,6%) o se han mantenido estables (1,9%). Para el 97,5%, los precios están subiendo desde la llegada de la moneda única.

La Hostelería y la Alimentación son los sectores donde se han producido más subidas de precios, en opinión del 28,5% y el 28,3% de los consumidores encuestados, respectivamente. Les siguen los Transportes, según el 16,0%, los Seguros (14,1%), y los Productos de Limpieza e Higiene Personal (12,9%).

La opinión sobre las subidas de precios en distinta en función de cada grupo de edad. Para los encuestados de entre 18 y 30 años, es la Hostelería y Restauración lo que más ha subido, señalándose este sector en el 31,9% de los casos. Los usuarios de entre 31 y 50 años mencionan la Alimentación por encima de los demás sectores, en el 29,0% de los casos. Lo mismo ocurre con los mayores de 50 años, que en un 32,0% opina que este sector es el que ha experimentado más incrementos de precios.

Problemas de adaptación

El uso del euro le ha resultado problemático al 35,2% de los consumidores encuestados. Porcentaje que disminuye en el grupo de mayores de 50 años, donde el 30,3% asegura haber tenido dificultades de adaptación a la nueva moneda. Entre los 18 y 30 años, los problemas se manifiestan por el 27,4% de los encuestados. Entre los encuestados de entre 31 y 50 años, este porcentaje aumenta al 42,7%.

Lo más difícil para los consumidores que dicen haber tenido problemas de adaptación ha sido conocer las equivalencias en euro y pesetas del valor de los productos y servicios, aspecto señalado por el 48,9% de los encuestados. El 33,5% indica que tiene la sensación de que le engañan cuando compra un producto. Para el 16,7%, la dificultad ha sido conocer la equivalencia en pesetas de los billetes y monedas de euro.

El 86,2% de los encuestados todavía calcula la equivalencia en pesetas de los precios de los productos, mientras que el 8,4% dice no necesitarlo y el 5,1% no lo hace porque le resulta complicado. En el grupo de edad de entre 31 y 50 años, el porcentaje de usuarios que aún necesitan conocer los precios en pesetas asciende al 88,6%.

Los mismos temores

El 52,8% advierte que sigue teniendo los mismos temores que en los meses previos a la llegada del euro. El 21,4% indica que sus temores son mayores y el 23,8% considera que son menores. Suspicacias que han aumentado especialmente en los encuestados con una edad comprendida entre los 31 y los 50 años (que lo indica en un 25,2%). En este sentido, los consumidores mencionan especialmente las subidas de precios e impuestos.

El 13,6% de los encuestados con más de 50 años advierte que ha cambiado o le han pedido modificar algún contrato de alquiler de vivienda, préstamo hipotecario, seguro u otros utilizando la excusa de la llegada del euro, una medida innecesaria pero que puede haber supuesto abusos para los consumidores.

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