La Audiencia Nacional juzgará el caso Riverduero

El fraude puede alcanzar 25 millones y 500 perjudicados.

La Audiencia Nacional juzgará la presunta estafa continuada que se imputa a los dos administradores de Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión, que podría afectar a unas 500 personas de Castilla y León (entre 350 y 400 podría haber en Valladolid), Andalucía, Canarias y Extremadura.

Así se desprende de un auto del Tribunal Supremo después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid solicitar su inhibición en favor de la Audiencia Nacional respecto al caso.

El auto, al que tuvo acceso Europa Press, declara competente al Juzgado de Instrucción Central número 4 de la Audiencia Nacional al existir, según el estado actual de investigación, una posible estafa "de gran transcendencia económica" que puede situar en torno a los 500 perjudicados y una cantidad defraudada de unos 25 millones, "resultando la instrucción compleja y dificultosa".

Los dos administradores de Riverduero, L.B.P. y J.M.C.C., de 61 y 57 años, respectivamente, detenidos el día 15 de febrero, permanecen desde el día 17 de ese mes internados en el Centro Penitenciario de Valladolid en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Las investigaciones policiales comenzaron tras las denuncias presentadas por varios clientes contra los administradores de la sociedad mercantil, en las que reconocieron haber confiado "importantes cantidades de dinero" para su inversión en productos derivados. Sin embargo, a pesar de haberlo intentado "en repetidas ocasiones", no pudieron recuperar sus fondos porque los administradores les dieron "continuas largas".

A partir de entonces, el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid encargó las investigaciones pertinentes por las que descubrieron que la empresa actuaba como "chiringuito financiero".

La empresa no se encontraba bien registrada en la CNMV para prestar los servicios que prestaba, cuestión que ocultaba tanto a clientes como empleados, y ofrecía productos inexistentes o con elevados rendimientos a través de la inversión en productos derivados con "riesgo de pérdida total de la inversión", dato que ocultaban a los clientes.

Modus operandi

La policía determinó que Riverduero, con oficina principal en Valladolid y delegación en Sevilla, comenzó a invertir capital de los clientes en 1999 "sin ningún tipo de cobertura", por lo que obtenía "importantes pérdidas" de las que no informaba a los inversores. Éstos creían que su dinero se encontraba invertido con garantías, por lo que cuando pedían el reembolso de su capital más los intereses, los administradores les daban el dinero que aportaban los nuevos clientes.

Así llegaron al año 2007, cuando no fueron capaces de devolver las cuantías de dinero depositadas por los inversores, que acudieron a pedir su capital "en masa", lo que derivó en una situación de total iliquidez e insolvencia patrimonial.

Los clientes estafados son tanto de Valladolid como de Madrid, Palencia, Galicia o Sevilla, entre los que había grandes y pequeños inversores, a los que han dejado en una "situación muy precaria". La Policía consideró "bastante difícil" la posibilidad de que los clientes estafados puedan recuperar el dinero porque está comprobado que la empresa está en total iliquidez e insolvencia patrimonial.

Ya somos 198.329