Consejo Económico y Social de Sevilla

Las organizaciones sindicales, de consumidores, vecinos y economía social miembros del CES presentan un informe sobre las ordenanzas fiscales

Muestran al alcalde su queja e indignación ante el mínimo plazo con el que reiteradamente se les presenta la documentación para su valoración y la falta de medios técnicos y humanos del Consejo.

Las organizaciones sindicales, de consumidores, vecinos y economía social miembros del Consejo Económico y Social (CES) de Sevilla han enviado un informe con sus valoraciones sobre las propuestas de ordenanzas fiscales al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a los portavoces de PSOE, IU y PP en el Ayuntamiento hispalense.

Se trata de las organizaciones que forman parte de los grupos primero y tercero del CES: CCOO, UGT, FACUA, UCE, Unidad y Cepes. El informe plantea una serie de recomendaciones de las seis entidades sociales y económicas sobre las propuestas de modificaciones de tasas, impuestos y precios públicos.

Sin los empresarios

Reivindicaciones que se plantean ante la ausencia este año de un Dictamen del CES "ante la no comparecencia a sus plenos de la Confederación Empresarial Sevillana -que integra el grupo segundo- la cual está haciendo un uso inadecuado del Reglamento del Consejo cuya consecuencia es la imposibilidad de celebrar reuniones y aprobar resoluciones y dictámenes en Pleno", señala el secretario general de FACUA Sevilla, Manuel Baus Japón.

"Todos consideramos inaceptable que los miembros del CES lleven tantos meses en funciones ante una ausencia de renovación que incluso provoca que el organismo carezca de presidente", señala Baus. "Pero el mecanismo de presión de los empresarios no es correcto, porque está provocando el efecto contrario al que todos deseamos, esto es, la paralización del CES, algo que pone de manifiesto que su Reglamento debe ser modificado para evitar que la ausencia de una parte de sus miembros impida la aprobación de acuerdos".

Incumplimiento de compromisos

El documento elaborado por representantes de trabajadores, consumidores, vecinos y entidades de la economía social formula "su más enérgica queja e indignación ante el reiterado y abusivo mínimo plazo de tiempo con el que se nos presenta la documentación para el estudio y valoración de la misma", en esta ocasión relativa a cuarenta y un impuestos, tasas y precios públicos.

Se trata de una práctica por parte del Gobierno local que se reitera un año más pese a que se comprometió por escrito el pasado junio a "ampliar el plazo para el estudio del proyecto de ordenanzas fiscales y de presupuestos para ganar eficacia en los análisis y en la emisión de dictámenes para la corporación municipal".

Asimismo, reiteran "la necesidad de que se dote al CES de los medios tanto técnicos como humanos suficientes", ya que "se está privando al propio Ayuntamiento de la capacidad de mejorar los análisis para la elaboración de dictámenes e informes".

Y demandan al consistorio que "con posterioridad a la aprobación definitiva de la política fiscal y presupuestaria" elabore "un informe donde se recojan las recomendaciones que, efectuadas por el Consejo [en esta ocasión por las entidades firmantes del documento], hayan sido aceptadas -total o parcialmente- así como las causas que hayan originado el rechazo de otras".

Subidas lineales

Las seis organizaciones rechazan, como ha hecho el CES en los dictámenes emitidos en los últimos cuatro años, que en la práctica totalidad de los tributos se produzca la misma subida lineal, ya que es necesario revisarlos uno a uno para adoptar decisiones, en cada caso, sobre la base de sus características concretas.

En referencia al tema del Índice de Precios al Consumo, recuerdan que "todos los años se produce una diferencia -a veces sustancial de varias décimas- entre la cuantía del IPC aplicado (junio) y el definitivo a nivel interanual, por lo que se considera necesario arbitrar una fórmula que asegure la recuperación por los ciudadanos de esa carga adicional abonada sobre el IPC real".

Las organizaciones recomiendan, por tanto, buscar fórmulas que permitan efectuar una revisión del porcentaje de subida de impuestos y tasas de forma que, en caso de ser superiores al IPC interanual, "se destinen las cantidades recaudadas en demasía a políticas sociales transversales, con menos recursos económicos o más demandadas".

También piden al Ayuntamiento que "antes de iniciar el periodo de cobro de los distintos impuestos proceda a elaborar una amplia campaña informativa que sitúe a los ciudadanos en el perfecto conocimiento de sus obligaciones tributarias y de los derechos que les asisten". También consideran necesario que "se siga incentivando la realización de pagos de forma telemática, potenciando así las nuevas tecnologías", ahorrando tiempo a los ciudadanos en sus gestiones, "evitando desplazamientos y colas innecesarias".

Tussam

Las organizaciones han recogido las valoraciones de FACUA Sevilla en relación a la subida de tarifas de Tussam. En este sentido, señalan que para las tarifas de los autobuses urbanos se "ha vuelto a optar por otro parche recaudatorio para hacer frente a la situación económica de la empresa con una propuesta tarifaria incoherente e insolidaria, que penaliza a quienes más utilizan el autobús".

Las entidades demandan un estudio sobre la situación de la empresa, un análisis de mercado donde se reflejen las demandas de los usuarios actuales y futuros y la elaboración de un plan estratégico que posibilite una rentabilidad más efectiva, "máxime teniendo en cuenta la próxima apertura al servicio de la línea 1 de metro, con la que muchas líneas de Tussam experimentarán una reestructuración del servicio".

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