Proyecto de Ley de Presupuestos

FACUA Andalucía denuncia que el Gobierno andaluz pretende un grave retroceso en las políticas de protección de los consumidores

Se prevén recortes presupuestarios del 10,5% poco después de haber aprobado un Plan Estratégico de Protección de los Consumidores.

La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA denuncia que el Gobierno andaluz pretende emprender en 2009 un grave retroceso en las políticas de protección de los consumidores con un recorte presupuestario del 10,5%. Y ello tras haber aprobado en septiembre un Plan Estratégico de Defensa y Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía.

Así lo expuso ayer la secretaria general de FACUA Andalucía, Olga Ruiz Legido, en su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, donde advirtió que los presupuestos en materia de Consumo no responden a los compromisos públicos del Gobierno.

FACUA Andalucía advierte que este recorte previsto en el proyecto de Ley de Presupuesto pone en evidencia que para el año 2009 se ha considerado que las políticas de Consumo son prescindibles para la acción del Gobierno. Las políticas de Consumo se subestiman, algo que la Federación ya venía denunciando en ejercicios anteriores y que ahora se hace más que patente, dejando claro que para este Gobierno la protección al consumidor y el control del mercado para evitar las desigualdades no es política social, pese a que en la propia estructura del presupuesto se incardina en dicho ámbito.

Para el ejercicio 2009, año que estará marcado por la situación de crisis económica, la protección del consumidor y la necesidad de garantizar el equilibrio en el mercado, mandatos constitucionales claros dirigidos a los poderes públicos, son desoídos y no se consideran instrumentos claves para desarrollar una política social que provoque una intervención en el mercado, prevenga abusos y fraudes y haga frente a situaciones de desigualdades sociales y económicas.

Las políticas de Consumo deberían jugar, a juicio de FACUA Andalucía, un papel fundamental en la actual situación de crisis, que es el resultado de movimientos especulativos en el mercado, de la búsqueda de la ganancia a corto plazo y de un sistema de producción y consumo insostenible en el tiempo. En este contexto, señala la Federación, las políticas públicas no deberían contentarse con poner parches mientras se sale del atolladero, sino que deberían asumir el compromiso con los ciudadanos de intervenir en el mercado y buscar el equilibrio apoyando a los más débiles, apostando por la ética de la economía y de las relaciones de mercado, por la promoción de una auténtica justicia social y de una distribución más equilibrada de la riqueza.

FACUA Andalucía valora que la visión política que se pone en evidencia con esta propuesta presupuestaria es la de que el consumidor no importa y sólo es un sujeto pasivo de la crisis, despreciándose el importante papel que una política de Consumo con mayúsculas, seria y coherente, sería capaz de conseguir como un factor también decisivo en un desarrollo económico adecuado, en un modelo de crecimiento económico, presente y futuro, sostenible.

La Federación entiende que no es fácil conseguir una distribución justa y adecuada del presupuesto, pero al menos éste debería ser coherente con los compromisos públicos asumidos en el desarrollo de determinadas políticas.

Plan Estratégico: ¿más con menos?

FACUA Andalucía lamenta la irresponsabilidad y falta de seriedad con los consumidores que subyace en la propuesta de presupuestos de Consumo. Así, se pregunta cómo pueden haberse mostrado mayores compromisos políticos con la ciudadanía con unos indicadores de actividad superiores a los del ejercicio anterior pero con unas asignaciones económicas muy inferiores.

¿Con menos dinero se va a hacer más?, se pregunta la Federación, que considera caricaturesco que tras aprobar un II Plan Estratégico de Defensa y Protección al Consumidor, que pretende impulsar las políticas de consumo en la Comunidad, se reduzcan, y de forma considerable, las partidas destinadas a dicho fin.

Y es que para 2009, Consumo cuenta con 14.963.693 euros. Con esta cifra, un 10,5% menos que al pasado ejercicio, resultará imposible abordar con rigor y eficacia las líneas de trabajo básicas que la Junta de Andalucía se ha marcado para atender las situaciones y necesidades existentes en el ámbito del Consumo, señala la Federación. Sobre todo, advierte, teniendo en consideración la apuesta, al menos teórica, del Gobierno andaluz por desarrollar un II Plan Estratégico de Protección al Consumidor, que fue aprobado el pasado mes de septiembre.

Pero además es el fomento del asociacionismo, uno de principios orientadores del II Plan Estratégico y objetivo del mismo, una de las partidas que sufre la mayor restricción, con un 15% menos que en 2008, disminuyéndose significativamente el apoyo al movimiento de consumidores.

Se afecta de manera grave uno de los pilares básicos de la política de Consumo para los próximos cuatro años, el apoyo y fomento del movimiento de consumidores. Pero hay otros ejes que van a resultar también dañados: la apuesta por los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, las competencias en materia de consumo de las Entidades Locales, la actividad inspectora y de control del mercado de la propia Administración..., tal y como se desprende del descenso de determinadas partidas de gasto.

La reducción presupuestaria alcanzará el 25% para en el ámbito de la asunción de nuevas competencias en materia de Consumo por parte de los Ayuntamientos, el funcionamiento y fomento de Oficinas Municipales de Información al Consumidor y Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito local.

Para FACUA Andalucía este presupuesto es del todo inaceptable y va a suponer una quiebra importante en el camino de mejora de la protección al consumidor iniciado hace años y un retroceso considerable en el fomento del movimiento de consumidores, como pilar vertebrador de la sociedad andaluza.

La Federación señala que este nuevo presupuesto no responde a las necesidades de la sociedad, es decir, las de garantizar una verdadera y eficaz protección de los derechos de los consumidores y que los representantes legítimos de los mismos puedan jugar el papel que la Constitución y las leyes vigentes les otorgan. Pero además supone una desatención grave del mandato constitucional y Estatutario de apoyo a los consumidores.

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