El Senado pide al Gobierno que presente en el Parlamento un informe anual sobre las cuentas de las entidades de gestión

Todos los Grupos, a excepción del PSOE, firmaron una enmienda transaccional a la moción suscrita por Entesa Catalana de Progrés.

El Pleno del Senado instó hoy al Gobierno a que el Ministerio de Cultura presente ante el Parlamento un informe anual sobre las correspondientes memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas anuales además de datos sobre la distribución de las cantidades recaudadas por cada entidad de gestión entre sus miembros.

En la enmienda transaccional a la moción suscrita por Entesa Catalana de Progrés firmada por todos los Grupos de la Cámara Alta, a excepción del PSOE, y aprobada por 135 votos a favor y 103 en contra, se indica además que el Ministerio de Cultura cree un grupo de trabajo con representación de los sectores afectados (consumidores y usuarios, creadores, industria de la electrónica).

En el grupo de trabajo propuesto se discernirían los avances y propuestas en torno a la legislación de los derechos de autor y su justa retribución en equilibrio con los nuevos retos y oportunidades de la sociedad de la información y su evolución tecnológica.

Asimismo, se pide que se presente ante la Cámara Baja y la Cámara Alta en el momento en que concluya (si no se ha finalizado todavía), el estudio encargado por el Ministerio de Cultura en enero de 2008 a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, en el que se analiza y evalúa el sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.

Por último, los Grupos firmantes, solicitan que se inicie el procedimiento de transferencia a las CCAA de las competencias y facultades que en esta materia legalmente les son propias.

El PSOE, en desacuerdo

El senador socialista Imanol Zubero defendió la postura de su Grupo, al que le hubiese gustado "llegar a un acuerdo" -dijo-, recordando que el tema de la protección de los derechos de propiedad intelectual es "muy complejo y no admite una simplificación".

"Se trata de conciliar los derechos de consumidores y los de los creadores en un nuevo y cambiante entorno tecnológico. El problema es cómo hacerlo de la mejor manera posible", indicó explicando que las creaciones intelectuales "son bienes especiales que pueden ser objeto de consumo simultáneo".

"La facilidad mayor con la que pueden ser copiados convierte a muchos productos culturales en bienes análogos a los bienes públicos, pero no lo son, tienen propietarios. Y por eso, los creadores se arriesgan a la expropiación de los mismos por terceros, es decir, al gorroneo", añadió el senador socialista.

En su opinión, la directiva europea "no permite eliminar la compensación a los autores (el canon) sin quitar el beneficio a los usuarios a realizar copias privadas". Y se preguntó: "¿Hay otra alternativa al canon? Quizás combatir los archivos P2P pero entonces las protestas multiplicarán por mil las actuales", aseguró.

Canon castigador

Por su parte, el senador del Grupo Popular, José María Chiquillo, se mostró muy contundente al afirmar que el PP seguirá defendiendo lo que cree que es "correcto". "El sistema legal español no debe ser la panacea cuando el propio Ministerio de Cultura, en un borrador de cara a la presidencia europea en 2010, señala que el actual marco jurídico ni es coherente ni seguro. Algo habrá que cambiar", afirmó.

Para Chiquillo, "la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y el canon digital supone un gravamen de 300 euros a cada familia aproximadamente, por lo que ese derecho al primero que castiga es al consumidor". Asimismo, recordó que a la industria tecnológica, "además de suponerle un coste adicional superior a los 2 billones de euros, le resta competitividad".

"La batalla está en la Red y en los juzgados", dijo el senador popular. "Es preciso que se auditen esos 120 millones de euros que recaudan las entidades por el canon", una tasa que calificó de "pseudorevolucionaria" y que supone un "atropello, injusticia y arbitrariedad". Asimismo, el PP anunció que continuará "presentando batalla" para eliminar el canon y compensar los derechos de autor y que apoyará los proyectos de investigación "para mejorar los sistemas de gestión de contenidos".

Otras opiniones

Desde CiU, el senador Jordi Vilajoana apuntó que está claro que no apetece pagar el canon pero se preguntó cuál es la alternativa. "O se permite la copia privada y la compensación equitativa o vamos al sistema anglosajón donde no hay canon y no está permitida la copia privada. Quien incumpla esto es penado económicamente y debe hacer trabajos sociales", manifestó. "Es importante encontrar soluciones que resuelvan el problema", agregó defendiendo el traspaso de competencias en esta materia a las comunidades autónomas.

Para el PNV, representado por la senadora Miren Leanizbarrutia, "el problema no reside en el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual sino en cómo se aplica la ley", una norma que, en opinión del senador del Grupo Mixto, Narvay Quintero, "no está acabando con la piratería ilegal".

El senador de Entesa Catalana, Jordi Guillot, celebró el acuerdo y calificó el desacuerdo con el PSOE de "constructivo". "En esta cuestión no debe haber otro interés que el general", concluyó.

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