La Comisión Europea insta a España a cumplir la normativa sobre tratamiento de aguas residuales

343 localidades españolas no utilizan el tratamiento adecuado.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha instado a España a tomar "medidas inmediatas" para aplicar correctamente la legislación medioambiental europea y "proteger la valiosa y rica biodiversidad" del país, según un comunicado de la CE del que informa la agencia EFE.

Si España no responde satisfactoriamente a los requerimientos en un plazo de dos meses, la Comisión puede decidir llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso de los vertidos, el comisario se ha declarado "muy preocupado" porque "en un estado miembro donde el agua es un recurso valioso y escaso, un alto número de pueblos y ciudades vierten aguas residuales, que no han sido correctamente tratadas, en ríos y mares, incluso en áreas sensibles".

El ejecutivo comunitario se refiere a dos casos paralelos que conciernen a la directiva de Tratamiento de Aguas Residuales de 1991.

En el primero, la Comisión entiende que 343 pueblos y ciudades españolas arrojan aguas residuales sin un tratamiento adecuado en áreas sensibles o potencialmente sensibles.

Informe de la Comisión

Según la CE, incumplen la directiva que establece que desde 1998 las poblaciones de más de 10.000 habitantes que viertan aguas en zonas sensibles deben contar con un sistema de tratamiento con los más altos estándares de calidad, conocido como "tratamiento terciario".

Un informe de la Comisión también confirma que seis áreas potencialmente sensibles siguen sin ser designadas como tales, y que una zona calificada como "menos sensible" en Cantabria no cumple con los requerimientos de la directiva.

El segundo caso se refiere a la falta de cumplimiento de la directiva en 59 pueblos y ciudades de más de 15.000 habitantes, que precisaban sistemas adecuados de tratamiento de las aguas para finales del año 2000.

Por otro lado, Bruselas se refiere al proyecto de la Junta de Castilla y León para mantener la minería a cielo abierto en el valle de Laciana (León), y hacer posible la explotación de carbón en el municipio de Villablino, área que pertenece a la red de espacios protegidos natura 2000.

"Este caso concierne a una larga investigación de la Comisión sobre varios proyectos de minas a cielo abierto en el Valle de Laciana, localizadas dentro un espacio natural importante, el Alto Sil".

La CE envió en febrero de 2008 una primera carta de advertencia por no haber evaluado adecuadamente los efectos de dichos proyectos en función de la directiva de Hábitats y la de Evaluación de Impacto Medioambiental.

La Junta presentó el pasado octubre un plan preliminar para poner fin al procedimiento de infracción abierto por Bruselas, pero "tras una inspección 'in situ', la Comisión considera que las actividades mineras pueden perjudicar el hábitat de dos especies" amenazadas, el oso pardo y el urogallo.

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