El ministro de Cultura anuncia una inminente medida "antipopular" contra el intercambio de obras a través de Internet

"No hay la más mínima duda" sobre la actuación de la SGAE, ha asegurado Molina en referencia a un informe que hará público en breve.

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha anunciado este miércoles que "no muy tarde" habrá una normativa, "que probablemente sea antipopular", contra la "piratería", calificativo con el que describe el intercambio de obras culturales sin ánimo de lucro mediante las redes P2P.

Preguntado por la posibilidad de cerrar el acceso a Internet a los usuarios reincidentes, Molina ha señalado en los Desayunos Informativos de Europa Press que se están "estudiando fórmulas" y que "no muy tarde habrá una normativa que regule" todo este tema.

"Probablemente será una normativa que será muy antipopular, pero lo que es antipopular, ruinoso y un desastre es que los miles de puestos de trabajo que da la cultura desaparezcan por esta actuación ilegítima. Eso no se puede permitir", ha enfatizado el ministro.

Molina ha subrayado que desde Cultura ya se está luchando y "actuando muy bien" contra la "piratería" desde "muchos frentes" y que en las reuniones de ministros europeos es un tema "reiterativo", con la elaboración de nuevas leyes y nuevas formas de ordenación. Lo que el ministero denomina "piratería" es, dice, "una termita que está destruyendo toda esa red de industria, adquiera tonos tan extremos".

Sin "la más mínima duda" sobre la actuación la SGAE

"La SGAE es una sociedad legalmente constituida, con unas normas, unos criterios y una forma de actuar. Si hace las cosas bien, las hará bien; si las hace mal, irá a los juzgados, ganará, perderá... Pero está totalmente regulado, es una sociedad que lleva más de un siglo funcionando", ha remarcado Molina cuando se le ha cuestionado sobre las grabaciones realizadas por la Sociedad en una boda para demostrar el impago de derechos de autor y por las que ha sido condenada a pagar 60.000 euros.

A este respecto, Molina ha apuntado que las entidades de gestión, además de estar fiscalizadas por su Ministerio, deberían estarlo por las comunidades autónomas y ha anunciado que en breve Cultura hará público un informe solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas, en el que quedará claro, en principio, que "no hay la más mínima duda sobre su actuación".

"La SGAE tiene que defender los intereses de sus asociados como lo hace cualquier otra empresa de carácter privado. Hace lo que cree que debe hacer. Si se confronta con la Ley, ese será un problema legal y sabe a lo que se expone, a las multas, a los inconvenientes que eso entrañe", ha concluido.

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