FACUA denuncia que el incremento del alto precio de la vivienda contrasta con la escasa calidad de las construcciones

El sector generó durante el primer semestre del año el 11'5% de las denuncias planteadas por los socios de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios integradas en FACUA.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que el incremento del ya de por sí alto precio de la vivienda contrasta mucho con la escasa calidad de las construcciones. El sector de la vivienda generó durante el primer semestre de 1999 el 11,5% de las denuncias tramitadas por las Asociaciones integradas en FACUA, lo que pone de manifiesto el desequilibrio de fuerzas existente en las relaciones entre las empresas y los usuarios.

En su informe La vivienda, el sector más denunciado por los usuarios, que FACUA publica en el último número de su revista, Consumerismo, la Federación destaca que la Administración carece de medios para facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo en el sector medio de la sociedad. La Federación señala que los Planes Andaluces de Vivienda y Suelo puestos en marcha por la Administración no son suficientes, ya que el del período 1992/95 dejó en lista de espera a personas en condiciones de acceder a la protección otorgada por la Administración, y el Plan 1996/99, que incluye un Plan Integral de Calidad, cierra las puertas a un abanico de población que supera las condiciones económicas establecidas como límite pero que carece de recursos para acceder al mercado libre. Además, la construcción de promoción libre, con precios poco asequibles para dicho sector, supone un endeudamiento difícilmente afrontable.

FACUA alerta en su informe sobre las pésimas condiciones de contratación, impuestas por la empresa y que provocan que el de la vivienda sea el sector que genera mayor número de consultas y quejas, destacando las referentes a supuestos de publicidad engañosa, que suelen referirse principalmente a equipamientos accesorios, (como las zonas verdes), la extensión de los inmuebles, las calidades y los supuestamente bajos intereses de los préstamos hipotecarios.

Son igualmente numerosas las reclamaciones motivadas por las cláusulas abusivas en los contratos, incorporadas unilateralmente por la empresa y de ineludible aceptación por el usuario. Las más frecuentes obligan al comprador a subrogarse en los créditos hipotecarios y a asumir sus intereses con anterioridad a la firma de escritura pública de compraventa y entrega de llaves; repercuten al comprador todas las cargas tributarias, incluidas las que no le corresponden; establecen intereses de demora abusivos para el comprador que incumpla en los pagos sin una disposición análoga en el caso de que sea la empresa la incumplidora; son irregulares en la configuración, facturación, ingreso y aseguramiento de las cantidades entregadas hasta la entrega de llaves o imponen al comprador notarios, gestorías y renuncias a fueros judiciales.

Otro importante montante de quejas se refiere a los incumplimientos contractuales por parte de las empresas, especialmente en lo referente al plazo de entrega de la vivienda y a su precio final. FACUA denuncia que estos incumplimientos pueden provocar la pérdida de las cantidades entregadas y no aseguradas. Los defectos y vicios de construcción, el empleo de materiales defectuosos o de escasa calidad, el incumplimiento de normas técnicas de construcción o de aislamiento acústico, condiciones térmicas, sanitarias o de protección contra incendios, junto con la demora en la reparación de estas deficiencias, también generan una amplia bolsa de reclamaciones.

En este sentido, la nueva Ley de Ordenación de la Edificación introduce modificaciones que restringen el plazo temporal de la responsabilidad civil en lo que afecte a las instalaciones de los edificios, amplía a un año la responsabilidad civil para defectos de acabado de la obra y fija en tres años la responsabilidad para las instalaciones y diez años para los defectos en elementos estructurales que comprometan la resistencia y estabilidad del edificio. La Ley establece que las acciones para exigir responsabilidades prescribirán en el plazo de dos años a contar desde el momento en que los desperfectos se produzcan.

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