FACUA y Al-Andalus rompen los contratos programa con el PSOE de Andalucía y denuncian los intentos de controlar y minimizar al movimiento de consumidores

Tanto el Plan Estratégico de Protección al Consumidor como el proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía no sólo no se han consensuado, sino que se han elaborado de espaldas a las federaciones de consumidores y desatendiendo sus reivindicaciones.

El diseño de políticas y normativas en materia de Consumo basadas en el consenso y la potenciación de la vertebración del movimiento de consumidores, los grandes compromisos plasmados en los contratos programa con las federaciones de consumidores suscritos por el PSOE de Andalucía para las Elecciones Autonómicas de 2000, no sólo no se han cumplido sino que se han traducido de hecho en todo lo contrario. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, han hecho pública hoy la ruptura de estos acuerdos dados sus reiterados y generalizados incumplimientos.

Suscritos por FACUA y Al-Andalus en febrero de 2000 ante la constatación del desarrollo por parte del PSOE-A de unas políticas de Consumo a la vanguardia de todas las comunidades autónomas desde hacía años, tras la última victoria electoral se ha producido un giro de 180º que puede ser consecuencia, en opinión del presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán, "del temor del poder a un movimiento de consumidores que viene demostrando ante la sociedad su fuerza e independencia frente a gobiernos, partidos políticos y empresas".

En rueda de prensa, Sánchez Legrán, y la secretaria general de Al-Andalus, Mª de los Angeles Rebollo Sanz, acompañados del secretario general de FACUA, Miguel Angel Santos Genero, y la responsable jurídica de Al-Andalus, Isabel Peñalosa, han presentado el documento Promesas incumplidas. En él denuncian que tanto el Plan Estratégico de Protección al Consumidor de Andalucía como el proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, severamente criticado por el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), no sólo no se han consensuado, sino que se han elaborado de espaldas a las federaciones de consumidores y desatendiendo sus reivindicaciones.

Los dirigentes consumeristas han expresado su preocupación por el interés del poder por controlar al movimiento de consumidores con la creación o apoyo de organizaciones dóciles como la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, plegada al PSOE, y la nueva Unión de Consumidores Europeos-Euroconsumo, vinculada al PP.

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