FACUA considera raquítica e inconcreta la regulación de la Oficina de defensa del consumidor de productos energéticos

56 palabras han bastado al Ministerio de Industria para definir las funciones de un organismo colado de soslayo en una norma sobre telecomunicaciones.

FACUA-Consumidores en Acción critica que la plasmación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la nueva Oficina de defensa del consumidor de productos energéticos es otro reflejo de las lamentables políticas regulatorias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: a golpe de ocurrencias, sin perspectivas ni visión de conjunto y de espaldas a las organizaciones representativas de los intereses de los usuarios.

FACUA critica que el Ministerio ha despachado con cincuenta y seis palabras la raquítica e inconcreta regulación de las funciones de su cacareada Oficina. Y lo ha hecho con una peculiar técnica legislativa, colando dos artículos de soslayo en un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones publicado este martes en el BOE.

La Oficina tendrá tres funciones, informar a los consumidores, resolver sus controversias con las empresas y proponer mejoras regulatorias. Aunque FACUA considera insólito que ni siquiera tenga dotación presupuestaria específica y teme que acabe siendo un órgano aún más lento y poco operativo que la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones.

La resolución de conflictos, eso sí, sólo podrá llevarse a cabo si las compañías eléctricas y gasísticas quieren, ya que esta función tendrá carácter voluntario para las partes. Y es que, recuerda FACUA, las competencias para expedientar a estas compañías ante posibles irregularidades están en manos de las comunidades autónomas.

Además, la norma no aclara qué valor tendrán las decisiones de la Oficina ante las reclamaciones de los usuarios. Y es que denomina "función de arbitraje" al papel que desempeñará para "resolver las controversias", pero no aclara si será un auténtico sistema arbitral, con laudos de obligado cumplimiento para las partes que se sometan a él, o un simple papel de mediación del que pueden no obtenerse resultados vinculantes.

La regulación de la Oficina

El Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, establece que "la Comisión Nacional de la Energía procederá de inmediato a la creación y puesta en funcionamiento de una Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos".

Sus funciones serán "informar y atender al consumidor de productos energéticos"; "resolver controversias entre operadores del sector energético y consumidores de productos energéticos", una "función de arbitraje" que "tendrá carácter voluntario para las partes"; e "informar a la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de las reclamaciones y proponer, en su caso, las correspondientes mejoras regulatorias".

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