Seudoimpuesto

FACUA Sevilla demanda al Ayuntamiento de la capital que cese en su afán recaudatorio de extender la zona azul de forma indiscriminada

Advierte que sin una red de metro, aparcamientos ni control, no existe justificación política para ampliar la zona azul en estos momentos.

La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA demanda al Ayuntamiento hispalense que cese en su afán recaudatorio de extender la zona azul de forma indiscriminada.

Llevarla a más barrios alejados del casco histórico convierte la zona azul en un seudoimpuesto que fundamentalmente beneficia a la empresa concesionaria y perjudica enormemente a los residentes, indica la Asociación.

FACUA Sevilla advierte que sin contar todavía con una red de metro, con los enormes retrasos en el plan de aparcamientos y la falta de control del cumplimiento de la ORA por la Policía Municipal en las calles donde históricamente está implantada, no tiene ningún sentido ampliar la zona azul en estos momentos.

La Asociación considera que tras el anuncio del delegado de Movilidad, Francisco Fernández, de que está en estudio la implantación de la zona azul en León XIII, La Cartuja y Luis Montoto, no existe justificación política, sino meramente recaudatoria.

Critica también FACUA Sevilla la ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas relacionadas con el tráfico y la movilidad. El Ayuntamiento menosprecia las opiniones de las organizaciones a las que no le interesa oír porque no coinciden con sus intereses y utiliza como excusa a otras que sí lo hacen, representen a quien representen.

La Asociación reclama respeto a la representatividad de organizaciones que tienen detrás a una importante masa social. FACUA Sevilla recuerda que cuenta con más de 23.000 socios, la mayoría de los cuales residen en la capital.

Asimismo, FACUA Sevilla critica la falta de preocupación del Ayuntamiento por solventar las carencias, problemas e irregularidades que desde hace años persisten en la zona azul. Desde máquinas que no dan cambio y controladores de Ausa que se niegan a facilitarlo hasta un sistema que, contradictoriamente, impone el pago de tiempos mínimos –desde 35 hasta 60 minutos, según la zona- los cuales no fomentan la rotatividad de los vehículos.

Algo a lo que hay que sumar las irregularidades en los impresos que dejan los controladores en los vehículos, donde se induce a creer que sus denuncias constituyen de por sí una sanción. Y para colmo, advierte la Asociación, el Ayuntamiento abre procedimientos sancionadores dando trámite a estas denuncias sin que la Policía Municipal verifique su veracidad.

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