Demanda judicial contra Movistar en Venezuela por un cúmulo de abusos y fraudes contra los usuarios

Interpuesta por la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo notifica su existencia a organismos y poderes públicos por si estiman personarse.

FACUA-Consumidores en Acción informa que Movistar ha sido objeto de una demanda judicial en Venezuela por un cúmulo de abusos y fraudes contra los usuarios.

La acción judicial por intereses difusos y colectivos contra Telefónica Móviles y su filial Telefónica Movistar de Venezuela ha sido llevada a cabo por la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu).

Se trata de una de las diecinueve organizaciones de consumidores de América Latina y el Caribe con las que FACUA mantiene convenios de cooperación. Uno de los objetivos de estos acuerdos es el apoyo de la asociación española a las denuncias contra los abusos de las multinacionales europeas en la región.

Notificación a ocho organismos y poderes públicos

En su auto de admisión a trámite de la demanda, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela ordena notificar su existencia a ocho organismos y poderes públicos a fin de que, "si lo estiman conveniente, participen como terceros coadyuvantes".

Se trata del Fiscal General y la Procuradora General de la República, el Defensor del Pueblo, los ministros de Infraestructura y de Industrias Ligeras y Comercio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu) y la Superintendencia de Seguros (Sudeseg).

Los motivos de la demanda

Fevacu denuncia que desde la compra de Telcel Bellsouth en 2004, Movistar "ha destinado todo el esfuerzo a la captación de usuarios y no al mejoramiento y actualización de la tecnología y calidad del servicio, lo que se traduce en congestionamiento de las comunicaciones y deficiente prestación del servicio".

Entre los motivos de la demanda se incluyen deficiencias en la calidad del servicio de telecomunicaciones, facturaciones excesivas, publicidad engañosa, problemas en los equipos comercializados por Movistar, irregularidades en los servicios de posventa y en el trato ofrecido desde los centros de servicio y los agentes autorizados.

Así, Fevacu argumenta que se producen facturaciones excesivas, al cobrar a los usuarios más tiempo del que realmente duran sus comunicaciones, lo que se une a la incertidumbre de los usuarios de prepago, que no reciben facturas con el detalle de sus llamadas. El redondeo al alza en fracciones de un minuto es una de las irregularidades denunciadas por la organización.

Los demandantes advierten que los planes tarifarios de la compañía son difíciles de interpretar e inducen a error a los usuarios. Asimismo, la cobertura, conectividad y calidad del servicio publicitadas por Movistar no se ajustan a la realidad, según Fevacu.

En cuanto a las condiciones de los servicios, la demanda argumenta que la empresa no permite a los usuarios quedarse con copias de los contratos que firman y que éstos no están disponibles ni físicamente ni en la página web de Movistar.

En relación a los números de teléfono, los usuarios de prepago no son considerados titulares de los mismos ni tienen derecho a portarlos a otras compañías o a recuperarlos tanto si pierden sus equipos como si sufren su robo o avería. La asociacion también denuncia irregularidades en los procedimientos para la cancelación de líneas que se quedan sin saldo o la anulación del mismo al cumplirse determinados plazos sin realizar recargas.

Fevacu también advierte que es frecuente la dificultad de establecer comunicación con equipos de otros operadores telefónicos, derivada de la falta de mejoras en la red pese al aumento de usuarios.

Otro de los problemas es la imposibilidad de utilizar determinadas prestaciones ofertadas por Movistar en los equipos que comercializa si los usuarios no contratan los servicios de otra empresa del grupo, Mipunto.com.

La organización denuncia igualmente la falta de atención de la compañía a las numerosas reclamaciones por defectos de fabricación en los teléfonos que comercializa y la existencia de plazos excesivos e indeterminados para su reparación.

Tras esperar largas colas en centros de servicio con falta de personal, la empresa se niega en muchos casos a sustituir o reparar equipos con averías de origen salvo que los consumidores contraten un seguro, el cual ni siquiera cubre el arreglo gratuito. Y en casos en los que admite las reparaciones, se limita a derivar los equipos a sus fabricantes, que imponen a los usuarios el pago de las mismas pese a estar en garantía.

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