Sancionan con 15.000 euros a una constructora por imponer a los usuarios el pago del impuesto de plusvalía

Tras la denuncia de un socio de FACUA, el Gobierno Vasco ha multado a la empresa Construcciones Fernández de Nograro.

El Gobierno Vasco ha multado a una constructora por imponer a los usuarios el pago del impuesto de plusvalía, una práctica que supone una cláusula abusiva.

A raíz de la denuncia presentada por un socio de FACUA-Consumidores en Acción, a la que se sumaron posteriormente otros tres afectados, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, ha resuelto sancionar con 15.000 euros a la empresa Construcciones Fernández de Nograro.

El socio de FACUA Alfredo S.G., de Vitoria, denunció en enero de 2008 a la constructora por imponerle el pago del impuesto de plusvalía, que ascendía a unos 2.300 euros, en el acto de la firma de la escritura de su vivienda.

FACUA recuerda que el artículo 89 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre (texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) considera cláusula abusiva "la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario".

En este sentido, según la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es sujeto pasivo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Nauraleza Urbana el transmitente del bien origen de la plusvalía, en este caso la constructora.

Construcciones Fernández de Nograro, que rechazó recoger todas las notificaciones de FACUA al respecto, alegó en un escrito al Gobierno Vasco estar "al amparo de la libertad de pactos y del principio de autonomía de la voluntad", además de asegurar que se informó al comprador "antes de suscribir el contrato de compraventa donde se estipulaba expresamente el pago de la plusvalía".

Sin embargo, según recoge el artículo 1.225 del Código Civil, "los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público", por lo que al no ser una cláusula legal no puede imponerse.

Además, el Código Civil establece en su artículo 1.265 que "será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo" y el 1.256 indica que "la validez y cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes".

El departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco ha resuelto imponer a Construcciones Fernández de Nograro cinco sanciones de 3.000 euros cada una por otras tantas infracciones leves calificadas en el artículo 50 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las personas consumidoras y usuarias del País Vasco.

Así, fija cuatro multas por la comisión de una infracción por cada usuario que denunció las irregularidades, ante "la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente a la persona consumidora o usuaria, recargos o cobros indebidos".

Además, sanciona a la empresa con 3.000 euros más por la inclusión de "cláusulas que limiten o vulneren los derechos reconocidos a las personas consumidoras y usuarias por las disposiciones que resulten aplicables".

Ya somos 191.339