FACUA Andalucía y Al-Andalus denuncian que el proyecto de Ley de Consumidores supone un retroceso de veinte años en las políticas de Consumo

En un giro de 180º con respecto a las políticas de Consumo de anteriores legislaturas, el proyecto de Ley reduce el papel de la sociedad civil organizada y convierte a la Administración en un ente intervencionista y excluyente.

Los avances alcanzados en los últimos veinte años, que pusieron a Andalucía a la vanguardia de las políticas de Consumo del país, se echarían por tierra con la aprobación del proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Así lo denuncian la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, que lamentan que la Consejería de Gobernación eche por tierra el concepto de democracia participativa buscando la aprobación parlamentaria por la vía de urgencia de un texto que cuenta con el rechazo de la mayoría del movimiento de consumidores y del resto de agentes económicos y sociales.

Rechazo global

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía emitió el pasado noviembre un dictamen aprobado por unanimidad en el que vierte severas críticas al anteproyecto y denuncia que rompe con los principios que inspiraron la Ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía de 1985 y que han venido rigiendo las políticas de Consumo en la Comunidad Autónoma.

También el máximo órgano de representación y consulta de los consumidores, el Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía, rechazó frontalmente el texto, al haberse desoído casi todas las reivindicaciones de la mayoría de las asociaciones de consumidores andaluzas.

FACUA y Al-Andalus denuncian que el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, llegó a asegurar en una comparecencia parlamentaria que todas las federaciones de consumidores andaluzas estaban de acuerdo con el anteproyecto normativo y que sólo había discrepancias en temas puntuales. En realidad, sólo la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, organización vinculada al PSOE, ha mostrado su apoyo al texto.

En los últimos meses, todos los grupos parlamentarios, a excepción del Socialista, han recibido a Al-Andalus y FACUA para oír sus reivindicaciones en relación a la futura Ley. PP, IU-CA y Grupo Mixto trasladaron a ambas federaciones que comparten sus planteamientos, mientras que el Andalucista señaló que también está en sintonía con buena parte de los mismos.

Motivos para el rechazo

La actual responsable de las políticas de Consumo en Andalucía, la directora general de Consumo, Elia Rosa Maldonado, no apuesta por las políticas de progreso de los anteriores titulares de Consumo, basadas en el diálogo, hoy roto, con el movimiento de consumidores, el reconocimiento de su papel como agentes económicos y sociales, el fomento del asociacionismo y una renovación de los cometidos y estructura de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) para adaptarlas a la nueva realidad social.

Para FACUA y Al-Andalus, una nueva Ley en materia de Consumo debería situar como pilar fundamental, junto con el que ha de corresponderle insustituiblemente a las administraciones públicas, la autodefensa de los consumidores a través de la autoorganización de la sociedad civil.

Sin embargo, en un giro de 180º con respecto a las políticas de Consumo de anteriores legislaturas, el proyecto de Ley no sólo no reconoce a las asociaciones de consumidores como agentes económicos y sociales, sino que no apuesta por su fortalecimiento y consolidación para que intervengan eficazmente en el funcionamiento, control y mejora del mercado.

En el proyecto normativo, la Administración juega un papel desmesuradamente intervencionista, sin tener en cuenta la necesidad que tiene de los agentes sociales para cumplir algunas de sus funciones, como por ejemplo la mejora y control del mercado.

De aprobarse el texto, el Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía, cuyo nacimiento fue un logro histórico fruto del consenso entre los representantes de los consumidores y el Gobierno andaluz, vería reducidas sus funciones consultivas y dejaría de ostentar la representación institucional de las asociaciones de consumidores ante las administraciones de la Comunidad Autónoma.

Ayuntamientos

FACUA y Al-Andalus apuestan claramente por el fortalecimiento del papel de los ayuntamientos en la protección de los consumidores, como plantea la Ley. Pero ambas federaciones consideran que para el éxito de este cambio es necesario que la Junta de Andalucía dote de suficientes medios económicos a las corporaciones municipales y que se produzca una transformación en el papel de las OMIC, un camino que se empezó a recorrer en la anterior legislatura.

Así, entienden que la actividad de los ayuntamientos en materia de Consumo debe tener su eje en control del mercado, la inspección del establecimientos y la sanción de las irregularidades, junto al fomento de la concertación entre sectores empresariales y asociaciones de consumidores, la promoción del Sistema Arbitral de Consumo y el apoyo al asociacionismo de consumo. Paralelamente, las OMIC deberían concertar las actividades información y formación con las asociaciones de consumidores y abandonar otras que resultan más propias de los agentes económicos y sociales, como las funciones mediadoras entre empresarios y asociaciones de consumidores ante las reclamaciones individuales de los ciudadanos.

Por otro lado, FACUA y Al-Andalus consideran que el extenso Título II del proyecto normativo, relativo al régimen de inspección y sanción, es más propio de un reglamento que de una Ley, por lo que consideran que, además de mejorar parte de su articulado, sería más conveniente destinarlo a un futuro desarrollo reglamentario.

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