FACUA Andalucía y Al-Andalus consideran de enorme trascendencia política la unanimidad en las críticas contra el proyecto de Ley de Consumidores

Los grupos parlamentarios PP, PA, IU-CA y Mixto han criticado severamente el proyecto normativo, en sintonía con los argumentos del Consejo Económico y Social y el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, consideran de enorme trascendencia política la unanimidad en las críticas contra el proyecto de Ley de Consumidores planteadas hoy en el Pleno del Parlamento Andaluz por los grupos PP, PA, IU-CA y Mixto, en sintonía con los argumentos del Consejo Económico y Social y el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Ambas federaciones consideran que las críticas de los agentes sociales y económicos, los grupos de la oposición y del socio de Gobierno deberían llevar al PSOE de Andalucía a reflexionar que su proyecto de Ley no supone un avance, sino un auténtico retroceso en las políticas de protección a los consumidores.

El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, ha asegurado en el Parlamento que el proyecto recoge "la mayor parte de las argumentaciones de los agentes sociales". FACUA Andalucía y Al-Andalus consideran necesario recordar que la única organización que apoya el proyecto de Ley es la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, vinculada al PSOE.

Motivos para el rechazo

La actual responsable de las políticas de Consumo en Andalucía, la directora general de Consumo, Elia Rosa Maldonado, no apuesta por las políticas de progreso de los anteriores titulares de Consumo, basadas en el diálogo, hoy roto, con el movimiento de consumidores, el reconocimiento de su papel como agentes económicos y sociales, el fomento del asociacionismo y una renovación de los cometidos y estructura de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) para adaptarlas a la nueva realidad social.

Para FACUA y Al-Andalus, una nueva Ley en materia de Consumo debería situar como pilar fundamental, junto con el que ha de corresponderle insustituiblemente a las administraciones públicas, la autodefensa de los consumidores a través de la autoorganización de la sociedad civil.

Sin embargo, en un giro de 180º con respecto a las políticas de Consumo de anteriores legislaturas, el proyecto de Ley no sólo no reconoce a las asociaciones de consumidores como agentes económicos y sociales, sino que no apuesta por su fortalecimiento y consolidación para que intervengan eficazmente en el funcionamiento, control y mejora del mercado.

En el proyecto normativo, la Administración juega un papel desmesuradamente intervencionista, sin tener en cuenta la necesidad que tiene de los agentes sociales para cumplir algunas de sus funciones, como por ejemplo la mejora y control del mercado.

De aprobarse el texto, el Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía, cuyo nacimiento fue un logro histórico fruto del consenso entre los representantes de los consumidores y el Gobierno andaluz, vería reducidas sus funciones consultivas y dejaría de ostentar la representación institucional de las asociaciones de consumidores ante las administraciones de la Comunidad Autónoma.

Ayuntamientos

FACUA y Al-Andalus apuestan claramente por el fortalecimiento del papel de los ayuntamientos en la protección de los consumidores, como plantea la Ley. Pero ambas federaciones consideran que para el éxito de este cambio es necesario que la Junta de Andalucía dote de suficientes medios económicos a las corporaciones municipales y que se produzca una transformación en el papel de las OMIC, un camino que se empezó a recorrer en la anterior legislatura.

Así, entienden que la actividad de los ayuntamientos en materia de Consumo debe tener su eje en control del mercado, la inspección del establecimientos y la sanción de las irregularidades, junto al fomento de la concertación entre sectores empresariales y asociaciones de consumidores, la promoción del Sistema Arbitral de Consumo y el apoyo al asociacionismo de consumo. Paralelamente, las OMIC deberían concertar las actividades información y formación con las asociaciones de consumidores y abandonar otras que resultan más propias de los agentes económicos y sociales, como las funciones mediadoras entre empresarios y asociaciones de consumidores ante las reclamaciones individuales de los ciudadanos.

Por otro lado, FACUA y Al-Andalus consideran que el extenso Título II del proyecto normativo, relativo al régimen de inspección y sanción, es más propio de un reglamento que de una Ley, por lo que consideran que, además de mejorar parte de su articulado, sería más conveniente destinarlo a un futuro desarrollo reglamentario.

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