Las federaciones de consumidores andaluzas demandan celeridad en la vista sobre el recurso a la sentencia del 'caso Opening'

Recuerdan que la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla da la razón a la parte demandante y ordena la paralización de los créditos. Recurrirán el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que revoca las medidas cautelares dictadas el pasado enero.

La Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA y la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE demandan celeridad a la Audiencia Provincial de Sevilla en la celebración de la vista sobre el recurso presentado por las entidades financieras a la sentencia del caso Opening dictada el pasado abril por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla.

Al-Andalus, FACUA Andalucía y UCA-UCE recuerdan que la sentencia dictada en Primera Instancia da la razón a la parte demandante, ordenando la paralización de los créditos con independencia de las medidas cautelares ahora revocadas, y esperan que sea confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Las federaciones de consumidores andaluzas recurrirán el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que revoca las medidas cautelares dictadas en enero de 2003 por el citado Juzgado de Primera Instancia de Sevilla que ordenaban a Santander Central Hispano, BBVA Finanzia, Pastor Serfin y Eurocrédito la paralización del cobro de los créditos que financiaban los cursos de cerca de 90.000 alumnos de las academias de inglés Opening, que cerraron en toda España en agosto de 2002.

Los equipos jurídicos de las tres federaciones han mantenido hoy una reunión para analizar el auto dictado la semana pasada por la Audiencia Provincial de Sevilla. Un auto que consideran sorprendente por sus argumentaciones procesales, que llegan a la conclusión, en la práctica, de que no pueden presentarse demandas en representación de grandes colectivos en este tipo de supuestos, lo cual podría llegar a cuestionar el espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El auto señala que la parte demandante debería haber localizado a las decenas de miles de afectados por el cierre de las academias y haberles notificado previamente la presentación de la demanda ya que, según la Audiencia, llegando al extremo de plantear que éstos son "fácilmente determinables". Las federaciones recuerdan que precisamente en el juicio celebrado en primera instancia las propias entidades financieras demandadas señalaron que no tenían capacidad para detallar quienes son los alumnos de Opening a los que habían otorgado créditos ya que sus sistemas informáticos no los distinguen de otros clientes con préstamos; información que tampoco facilitó Opening, que ni siquiera se presentó en el juicio.

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