La CNC publica un informe sobre la actividad de los procuradores de los tribunales

Analiza las restricciones a la competencia de la profesión.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho público este miércoles un informe para conocer si la normativa reguladora de la actividad de los Procuradores introduce restricciones a la competencia.

El informe se encuadra dentro de la función de promoción de competencia que ha reforzado la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

El estudio analiza la figura profesional de los procuradores de los tribunales, la cual es difícil de encontrar con características similares en países de nuestro entorno.

La regulación de la actividad de procura o representación procesal tiene en España características peculiares que presentan problemas desde el punto de vista de la competencia y que deberán ser revisadas en aplicación de la transposición de la Directiva de Servicios.

El informe de la CNC señala como primera característica peculiar de la actividad la obligatoriedad de acudir a los Tribunales representado por un profesional. Se trata de una obligación establecida con carácter general, aunque las propias leyes procesales han introducido excepciones. Desde el punto de vista de la competencia, dicha obligatoriedad supone un problema.

Otra peculiaridad es la reserva de actividad que, con carácter general, la normativa dispone a favor de los procuradores, a la que se une la incompatibilidad de la profesión de procurador con la de abogado, graduado social y gestor administrativo.

El informe realizado por la CNC sobre el sector de los servicios profesionales y los colegios profesionales ya consideraba que las reservas de actividad constituyen un claro problema desde el punto de vista de la competencia, puesto que, en definitiva, son restricciones al libre ejercicio profesional.

Por ello, tales reservas de actividad deben estar siempre basadas en un claro motivo de interés general. Sin embargo, en el caso de la actividad desarrollada por los procuradores, no se observa que existan motivos que justifiquen dicha reserva frente a otros profesionales que podrían desempeñar esa misma actividad, como de hecho lo vienen haciendo en determinados ámbitos procesales.

Restricción territorial y de precios

La actividad de procurador restringe el libre ejercicio de la profesión, que se manifiestan básicamente en dos ámbitos; los precios y el ejercicio territorial.

En este sentido, el sistema de aranceles cuasifijos impide la libre formación de precios en el mercado, con lo que el mismo deja de ser factor de competencia.

Respecto a las restricciones territoriales, éstas impiden que los profesionales puedan competir en todo el territorio nacional sin que se observen razones para mantener una compartimentación del mercado como la actual.

Por todo ello, el informe señala que debería procederse a revisar y reducir en la medida de lo posible la obligatoriedad de representación procesal a través de profesional, teniendo en cuenta los ejemplos en que dicha obligatoriedad ya ha sido eliminada, así como los avances telemáticos en las comunicaciones entre la Administración de Justicia y los usuarios.

Además, el estudio indica que se debería suprimir la incompatibilidad de la profesión de procurador con las de abogado, graduado social y gestor administrativo.

Eliminar la exclusividad

Asimismo, habría que eliminar la exclusividad general de los procuradores en el ejercicio de la actividad de representación procesal, en particular, permitiendo que los abogados realicen también las actividades ahora reservadas a los procuradores.

El informe también indica que debería intentarse suprimir el actual sistema de aranceles o precios cuasifijos para pasar a un sistema de precios libremente fijados por las partes.

Por último, se señala la necesidad de eliminar la prohibición de ejercicio en más de una demarcación territorial, pasando a consignar un régimen de libre prestación en todo el territorio del Estado.

El informe de la CNC indica que el objetivo debe ser mejorar los servicios prestados a los consumidores en sus relaciones con la administración de justicia, a través de la introducción de competencia en la actividad de procura, que deberá redundar en prestaciones de mayor calidad y mejores precios.

En todo caso, la CNC continuará vigilando cualquier comportamiento o práctica anticompetitiva que carezca del amparo legal en el ámbito de los servicios ofrecidos por los Procuradores, ya sea mediante la apertura de expedientes sancionadores o mediante el nuevo instrumento que le confiere el artículo 12.3 de la Ley 15/2007, la legitimación para impugnar actos y disposiciones de rango inferior a Ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva.

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