FACUA espera que el Gobierno de España tome nota del varapalo del Constitucional francés a la Ley Hadopi

La asociación teme una involución en la calidad de los servicios de acceso a Internet con el beneplácito del Gobierno.

FACUA-Consumidores en Acción espera que el Gobierno de España tome nota del varapalo del Consejo Constitucional francés a la Ley por la que una Alta Autoridad (Hadopi, por sus siglas en francés) resolvería cortar el acceso a Internet a usuarios que compartiesen sin ánimo de lucro obras culturales protegidas por derechos de autor.

El Consejo Constitucional considera que la Ley Hadopi incluye elementos contarios a la Constitución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, señalando que debe prevalecer la "libertad de comunicación y expresión".

Además, advierte que Internet es un "derecho fundamental" y "un componente de la libertad de expresión y el consumo" y que "en el derecho francés prevalece la presunción de inocencia".

"Se ajusta a la ley imponer una sanción si se demuestra que existen descargas ilegales", señala el Constitucional francés, pero advierte que "el papel de la Alta Autoridad (Hadopi) es advertir y señalar sobre dichas descargas, pero no castigarlo y solo un juez podrá determinar la sanción".

El invento francés se ha topado con los derechos fundamentales de los ciudadanos, advierte FACUA, pero resulta evidente que el lobby de la industria de los contenidos y las sociedades de gestión de derechos de autores y editores sigue maquinando fórmulas para lograr la censura en Internet en lugar de asumir que su modelo de negocio debe cambiar de una vez por todas.

Por ello y ante las informaciones que están trascendiendo a la opinión pública, FACUA teme que, con el beneplácito del Gobierno, la industria de los contenidos y las sociedades de gestión acuerden con los ISP una involución en la calidad de los servicios de acceso a Internet por la que se reduzca de forma sustancial la velocidad a quienes compartan un determinado volumen de archivos.

En este sentido, la asociación demanda al Ejecutivo que cambie su política en relación a Internet y dé un giro mirando a los ciudadanos y no a grupos de presión que sólo conciben la cultura desde el punto de vista mercantil.

FACU pide al Gobierno que deje de criminalizar prácticas socialmente aceptadas y que no suponen más que un signo de los tiempos, una muestra de lo que los avances tecnológicos conllevan para la difusión de la cultura.

Resulta disparatado, en opinión de FACUA, que determinadas industrias pretendan frenar las consecuencias del progreso de la tecnología con apoyo gubernamental en lugar de asumir que deben renovarse y rentabilizar dicho progreso, como hicieron épocas atrás con el cine, la televisión o el vídeo.

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