Chamizo pide un incremento de recursos sanitarios y sociales para personas con trastorno mental grave

También apuesta por un refuerzo en las estructuras de coordinación a nivel provincial y local.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido a la Junta de Andalucía un incremento de recursos sanitarios y sociales para las personas con trastorno mental grave, especialmente para los colectivos fronterizos, que ocasionan "problemas de adscripción de plazas debidos a las carencias generales".

Según Chamizo, estos colectivos fronterizos, que se corresponden con las personas con discapacidad intelectual y graves dificultades de conducta, las personas mayores con graves dificultades de conducta, las personas con discapacidades intelectuales y de conducta secundarias debidas a traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurológicas invalidantes y personas con necesidades de atención residencial por trastorno mental grave y consumo de substancias generadoras de dependencia, "desbordan" las capacidades actuales de actuación del sistema público.

Así, según recoge el Defensor en el informe Guía de intervención en procesos de jurisdicción civil relativos a personas con discapacidad derivadas de problemas psíquicos, consultado por Europa Press, estos colectivos fronterizos requieren establecer dispositivos y equipos "más especializados" dentro de sus respectivos programas de atención social, como Personas Mayores o Personas con discapacidad, además de mejorar la coordinación con los servicios sanitarios.

Asimismo, apuesta por un refuerzo en las estructuras de coordinación a nivel provincial y local, que empiezan a establecerse ya en algunos aspectos -comisiones intersectoriales provinciales- pero necesitan extenderse, principalmente, a temas como las tutelas o la atención a población reclusa.

Además, en el tema de las tutelas, demanda la creación en Sevilla de una estructura de coordinación entre administraciones públicas y Fundaciones Tutelares para los tres colectivos básicos (personas mayores, personas con discapacidad intelectual y personas con trastorno mental grave) y la participación de las Áreas de Salud Mental, los servicios sociales y la Fiscalía en el análisis de los casos.

Por otro lado, reclama "más esfuerzos" en la formación del personal de las distintas redes y la creación de espacios de debate entre profesionales de las mismas, haciendo hincapié en una "mayor implicación" común en la lucha general contra el "estigma" y la discriminación de las personas con trastornos mentales graves, que "siguen siendo las principales barreras" para la integración del colectivo.

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