FACUA denuncia irregularidades en la liberalización eléctrica ante las autoridades de Consumo del Gobierno y las CCAA

Cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras serán dados de alta, lo quieran o no, en comercializadoras cuyas tarifas y condiciones contractuales resultan una incógnita.

"El 1 de julio, cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras eléctricas serán dados de alta, lo quieran o no, en comercializadoras cuyas tarifas y condiciones contractuales resultan una incógnita. Comercializadoras con las que, además, no podrán acogerse al denominado bono social".

El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha puesto de manifiesto este jueves en rueda de prensa esta "discriminación acompañada de prácticas abusivas" de la que serán víctimas clientes de una parte de la más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en España.

Sánchez ha anunciado que FACUA acaba de denunciar estas "graves irregularidades en el proceso de liberalización eléctrica" ante las autoridades de Consumo de las diecisiete comunidades autónomas y el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Desde el 1 de julio, todos los usuarios domésticos con hasta 10 kW de potencia contratada con la tarifa regulada por el Gobierno deberían pasar a depender automáticamente de una empresa comercializadora que les seguirá aplicando una tarifa establecida por el Ministerio de Industria -la cual se denominará a partir de entonces Tarifa de Último Recurso, TUR-, con una subrogación de sus actuales condiciones contractuales.

Pero en realidad, buena parte del alrededor de un millón de usuarios que no dependen de las grandes distribuidoras que operan en España –Endesa, E.On, Hidrocantábrico, Iberdrola y Unión Fenosa- no serán traspasados a una de las cinco denominadas comercializadoras de último recurso –que aplican la TUR-, sino a algunas de las que operan con tarifas del mercado libre.

Pequeñas distribuidoras de todo el país han negociado acuerdos con las grandes comercializadoras del mercado libre para traspasarles a sus clientes o han creado las suyas propias para mantenerlos.

Esos usuarios se encuentran, en primer lugar, con la incógnita de cuál será la tarifa que les aplicarán las nuevas compañías que les han impuesto y bajo qué cláusulas contractuales.

Vulneran la Ley General de Defensa de los Consumidores

Con esas altas unilaterales sin información previa sobre las condiciones, las empresas están vulnerando, advierte FACUA, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).

El artículo 60 de dicha norma establece que como "información previa" a la contratación, las empresas deben "poner a disposición del consumidor" las "características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas".

Además, la asociación considera que la situación y la falta de información de la que son objeto los usuarios a los que se dará de alta unilateralmente en compañías del mercado libre implica la existencia de diversas cláusulas abusivas, prohibidas por distintos artículos de la citada normativa.

En sus denuncias, FACUA argumenta que resulta claro "que se produce un desequilibrio importante de las partes, que existe falta de reciprocidad en las relaciones y que se están limitando derechos de los consumidores, estableciendose, por decisión unilateral de las distribuidoras, dos categorías de consumidores con derechos y garantías diferentes y discriminatorias".

No pueden contratar con una comercializadora de último recurso

Según la carta que las eléctricas han debido enviar a los usuarios -cuyo texto ha sido redactado por el Ministerio de Industria-, antes del 1 de julio pueden pasarse a cualquier comercializadora de último recurso -tarifas fijadas por el Gobierno- o a una de las que operan con sus propias tarifas.

Pero FACUA ha comprobado que al llamar a los teléfonos de las cinco compañías que aplicarán la TUR, las filiales de Endesa, Iberrola y Unión Fenosa niegan a los clientes de otras eléctricas la posibilidad de solicitar el alta antes del 1 de julio. Algo que también ocurre con E.On e Hidrocantábrico, que sólo admiten esa posibilidad en algunos casos, según el teleoperador que atienda al usuario.

Además, los teléfonos de las cinco compañías de último recurso son atendidos por los mismos teleoperadores de las de mercado libre de sus grupos empresariales, que intentan convencer a los usuarios que contraten con éstas y no con aquellas.

Así, los usuarios de las pequeñas distribuidoras están obligados a comenzar el mes de julio dependiendo de una comercializadora del mercado libre si así lo han decidido unilateralmente sus compañías.

Sólo a partir de entonces podrán -en teoría- solicitar a una compañía de último recurso que les aplique la tarifa fijada por el Gobierno y, en su caso, beneficiarse del descuento que implicará el bono social: si su potencia es de 2,2 kW o menos, todos los miembros de la familia están en paro, pensionistas a partir de 60 años con determinados niveles de renta y familias numerosas.

FACUA se dirigió el pasado 4 de junio a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria para trasladarle la situación. El organismo todavía no ha aclarado a la asociación si las prácticas se están llevando a cabo con su beneplácito o considera que vulneran el espíritu del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector eléctrico.

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