FACUA Andalucía y Al-Andalus consideran que la Ley de Consumidores supone un serio retroceso político aunque destacan la sensibilidad de la oposición y el PA ante sus demandas

La norma aprobada hoy en el Parlamento Andaluz renuncia a la vertebración de la sociedad civil, resta participación a las asociaciones de consumidores y da marcha atrás en el camino emprendido por el Gobierno en anteriores legislaturas.

El Parlamento Andaluz ha aprobado hoy la polémica Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, consideran que la norma supone un serio retroceso político que da marcha atrás en el camino emprendido por el Gobierno en anteriores legislaturas aunque destacan la sensibilidad mostrada por los grupos de la oposición y el PA ante sus demandas, que han hecho un importante esfuerzo por mejorar el texto logrando la introducción de numerosas enmiendas.

FACUA Andalucía y Al-Andalus critican que la nueva Ley no reconoce el papel de agentes económicos y sociales que desempeñan en la actualidad las asociaciones de consumidores. Frente a ello, muestra a una Administración supuestamente autosuficiente en la ardua tarea de controlar el mercado y proteger los derechos de los consumidores, la cual rechaza potenciar y dar una participación de forma real y efectiva a sus organizaciones representativas.

La Ley, en opinión de ambas federaciones, es una ocasión perdida para regular el mercado respondiendo a las necesidades actuales y de futuro que supone incluso un retroceso respecto de principios que ya habían sido reconocidos en la Ley de Consumidores de 1985, ahora derogada.

Asimismo, consideran incongruente que los supuestamente ambiciosos objetivos de la Ley no necesiten, según el informe elaborado en su momento por la Consejería de Economía y Hacienda, de un aumento sustancial en los presupuestos en materia de Consumo. Y ello en unos momentos en que los Servicios de Consumo dejan mucho que desear, con reclamaciones de consumidores que tardan meses en tramitarse o que se archivan por falta de personal.

Con la nueva Ley, el CCU de Andalucía, cuyo nacimiento fue un logro histórico fruto del consenso entre los representantes de los consumidores y el Gobierno andaluz, ve reducidas sus funciones consultivas y deja de ostentar la representación institucional de las asociaciones de consumidores ante las administraciones de la Comunidad Autónoma.

La norma veta la participación de las asociaciones de consumidores en la Comisión de Cooperación de Consumo y no la garantiza, junto al resto de económicos y sociales, en la elaboración de los Planes Sectoriales de Consumo. Una participación que resulta clave para definir los objetivos y prioridades de la acción pública en materia de protección al consumidor.

Los ayuntamientos

Asimismo, FACUA Andalucía y Al-Andalus dudan que el necesario fortalecimiento del papel de los ayuntamientos en la protección de los consumidores que plantea la Ley pueda hacerse efectivo si la Junta de Andalucía no los dota de suficientes medios económicos para la asunción de la nuevas funciones en materia de control del mercado, inspección de establecimientos y sanción.

Las nuevas funciones de los ayuntamientos en materia de Consumo deberían suponer una transformación del papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), un camino que el Gobierno empezó a recorrer en la anterior legislatura y que ahora se echa por tierra.

Las dos federaciones consideran que las OMIC deberían concertar las actividades información y formación con las asociaciones de consumidores y abandonar otras que resultan más propias de los agentes económicos y sociales, como las funciones mediadoras entre empresarios y asociaciones de consumidores ante las reclamaciones individuales de los ciudadanos.

El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, aseguró a finales de septiembre en el Parlamento que el proyecto de Ley recogía "la mayor parte de las argumentaciones de los agentes sociales". FACUA Andalucía considera necesario recordar que la única organización que la apoyaba era la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, vinculada al PSOE.

Ya somos 203.748