Las eléctricas que aplicarán la tarifa fijada por el Gobierno y el bono social se niegan a aceptar clientes procedentes de otras compañías

FACUA reclama a Industria que abandone su pasividad ante estas irregularidades y recuerda que se trata de prácticas discriminatorias que vulneran la directiva europea sobre el mercado eléctrico.

FACUA-Consumidores en Acción ha constatado que las eléctricas que a partir de julio aplicarán la Tarifa de Último Recurso (TUR) fijada por el Gobierno y el bono social se están negando a aceptar clientes procedentes de otras compañías.

A diferencia de los clientes domésticos con hasta 10 kW de las cinco grandes eléctricas, que pasarán automáticamente a depender de las denominadas comercializadoras de último recurso, cientos de miles de usuarios que dependen de pequeñas distribuidoras van ser traspasados a comercializadoras que operarán con sus propias tarifas y que no podrán aplicar el bono social a quienes tengan derecho a ese descuento.

Un estudio realizado por FACUA a través de llamadas a los teléfonos de las cinco comercializadoras de último recurso ha puesto de manifiesto que actualmente estas empresas están negando a los clientes de esas pequeñas distribuidoras -hay más de 300- su derecho a darse de alta. Numerosos usuarios también han denunciado esta situación a la asociación en los últimos días.

Así, los usuarios con hasta 2,2 kW de potencia contratada en su residencia habitual que van a ser traspasados sin haberlo pedido a compañías del mercado libre no recibirán a partir del 1 de julio los descuentos automáticos que implicará el nuevo bono social. Descuentos que también podrán solicitar consumidores con todos los miembros de la unidad familiar en paro, pensionistas a partir de 60 años con determinados niveles de renta y familias numerosas, pero sólo si están en comercializadoras de último recurso.

Pasividad de Industria

FACUA ha presentado una denuncia por estas irregularidades ante la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La asociación reclama al Ministerio que abandone su pasividad ante esta situación y advierte que se está incurriendo en prácticas discriminatorias contra determinados usuarios que vulneran tanto la legislación española como la directiva europea sobre el mercado eléctrico.

Qué dice la directiva europea

La Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, establece en su artículo 3 que, "de modo transparente y sin discriminación, cada uno de "los Estados miembros deberán garantizar que todos los clientes domésticos (...) disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del derecho al suministro de electricidad de una calidad determinada, y a unos precios razonables, fácil y claramente comparables y transparentes".

Para ello, los Estados miembros "podrán designar un suministrador de último recurso". En España se han designado cinco, pero en lugar de seguir un criterio común para todos los usuarios domésticos con hasta 10 kW de potencia contratada, cientos de miles no dependerán de éstos desde el 1 de julio, sino de compañías del mercado libre. Además, la discriminación aumenta con el hecho de que los comercializadores de último recurso no acepten en la actualidad a clientes que quieren evitar esa situación.

Denuncias ante las autoridades de Consumo

FACUA también ha denunciado el traspaso automático de clientes a las compañías del mercado libre ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social y las autoridades de Consumo de las diecisiete comunidades autónomas.

Y es que al dar de alta unilateralmente a esos usuarios en nuevas compañías sin informarles previamente de las tarifas que aplicarán y sus condiciones contractuales, se están vulnerando, argumenta la asociación, diversos artículos del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).

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