Una política de Consumo vertebrada

En abril se produjo una remodelación del Gobierno andaluz, el nombramiento de un nuevo presidente de la Junta de Andalucía y una reestructuración de las consejerías y de sus competencias que ha conllevado cambios significativos.

Las competencias en materia de Consumo y protección de los consumidores han salido de la esfera de la Consejería de Gobernación para ser adscritas a la Consejería de Salud, donde estuvieron en las primeras legislaturas de nuestro Gobierno autonómico.

Desde que Andalucía asumió las competencias en materia de Consumo, las políticas de protección de los consumidores han probado suerte, diseñándose y ejecutándose desde distintas consejerías: desde Salud hasta Gobernación, ésta en las últimas legislaturas tras las elecciones de 2004, pasando por Comercio e Industria en los años intermedios.

Han sido sucesivos años de cambios, en los que el desarrollo de un mercado cada vez más complejo, agresivo y globalizado, claramente desequilibrado e inclinado hacia los puros intereses económicos, ha ido en paralelo a una evolución de las necesidades de los consumidores de mayor protección, información, autotutela y fortalecimiento del movimiento consumerista.

Es cierto que una adecuada posición en el organigrama del Gobierno regional permite ejecutar y desarrollar las competencias en materia de protección al consumidor con mayor transversalidad, de interrelación y colaboración activa del conjunto de las consejerías. Pero también lo es que, al margen de donde se residencien las competencias en materia de Consumo, lo relevante es la existencia o no de voluntad para entender que las políticas de protección a los consumidores son realmente Políticas Sociales con mayúsculas y que es necesario apoyar e impulsar de forma decisiva.

La realidad de estos años ha puesto en evidencia que las decisiones importantes, aquellas realmente transcendentes y que han implicado avances en nuestra Comunidad en materia de Consumo, se han producido con independencia de donde se ubicaran orgánicamente las políticas de Consumo y que su éxito también lo ha sido por ser decisiones participadas y respaldadas por el movimiento consumerista, decisiones que han contado con nuestro compromiso y colaboración.

Queremos que el compromiso político anunciado por el nuevo presidente de la Junta en su discurso de investidura, donde dijo que una de las políticas que tenía que potenciarse era la de Consumo, sea una realidad visible en estos años.

Y que ese impulso tenga su reflejo tanto en el aumento de las propias partidas presupuestarias destinadas a su desarrollo -que son en definitiva las que respaldan la apuesta por determinadas acciones-, como en hacer posible la firma de un Pacto andaluz por el Consumo entre el Gobierno andaluz y las tres organizaciones de consumidores más representativas de Andalucía como un instrumento que nos permita avanzar en la protección y defensa de los consumidores, en el apoyo a sus organizaciones representativas y en un mayor grado de compromiso y colaboración de todas las organizaciones implicadas con un nuevo modelo de consumo responsable y sostenible.

Tenemos que seguir avanzando desde el convencimiento de que no hacerlo, y conformarnos con el status quo actual, significa retroceder. El mercado ha evolucionado, pero también lo ha hecho la ciudadanía y las organizaciones de consumidores que la representan, un movimiento social mayor de edad que precisa de ser tratado como tal.

Para ello, la apuesta por un movimiento de consumidores fuerte, vertebrado, comprometido e independiente debería ser también un eje claro de las políticas de Consumo estos años.

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