La Junta de Andalucía amplía las medidas de eliminación de barreras arquitectónicas

El nuevo decreto de accesibilidad incrementa las exigencias en espacios naturales, vivienda, transporte e infraestructuras.

La Junta de Andalucía ampliará las medidas de eliminación de barreras arquitectónicas en entornos naturales, transporte público y viviendas. Ésta es la principal novedad que recoge el decreto regulador de la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte, que ha sido aprobado este martes por el Consejo de Gobierno.

La norma, que sustituye a la vigente desde 1992, beneficiará tanto a las personas con discapacidad y mayores como a aquellas con dificultades transitorias de movilidad (mujeres embarazadas, personas accidentadas temporalmente, etc.), lo que supone alrededor del 40% de la población andaluza. Asimismo, las disposiciones tienen en cuenta otras necesidades de la ciudadanía en general, como las relativas a personas usuarias de carritos de bebé o portadoras de cargas.

En su conjunto, el decreto beneficiará a más del 70% de la población, según ha informado la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, que ha matizado que, además de las barreras físicas, supondrá un importante avance "en la eliminación de barreras mentales". Asimismo, ha aclarado que el texto, que nace del trabajo y de la colaboración con todos los colectivos implicados, se fundamenta "en los principios de accesibilidad universal y diseño para todos".

Navarro ha señalado que la nueva norma marca "un antes y un después" en todos aquellos aspectos relacionados con la movilidad de las personas, y ha añadido que con ella se pretende "adaptar el entorno a los ciudadanos y no al revés". En este sentido, ha situado el nuevo decreto dentro del desarrollo constitucional y estatutario que apunta a la autonomía e independencia de las personas, especialmente de aquellas con movilidad reducida.

De acuerdo con los nuevos requisitos de accesibilidad previstos en el decreto, los espacios naturales en los que se realicen actividades recreativas, educativas, culturales o análogas deberán disponer de, al menos, un itinerario accesible alternativo a los senderos generales de recorrido. Las playas andaluzas también deberán contar con este tipo de vías sobre la arena y, en el caso de aquellas que dispongan de servicios de salvamento, sillas anfibias o ayudas técnicas similares.

Ascensor en pisos de más de dos plantas

En relación con las viviendas de nueva construcción, los edificios tendrán un ascensor cuando estén integrados por tres o más plantas (dos si hay al menos seis residencias), con la obligación de que llegue hasta el aparcamiento y la azotea.

Respecto a los inmuebles reservados a personas con movilidad reducida, la norma extiende a todas las estancias las condiciones de accesibilidad hasta ahora limitadas al salón principal y a uno de los dormitorios. En las promociones se reduce de treinta y tres a diecisiete viviendas el mínimo exigido para que cuenten con una reserva de pisos accesibles.

Entre las nuevas condiciones para los medios de transporte colectivos, se amplía del 10% al 15% la proporción de autobuses interurbanos accesibles que deberá tener cada compañía respecto a su flota total cuando disponga de diez o más unidades.

Asimismo, el decreto establece que el cupo mínimo de taxis adaptados deberá alcanzar el 5% de las licencias existentes en cada municipio.

La norma aprobada por el Gobierno andaluz incrementa también los tipos de alojamientos turísticos a los que se exige reserva de habitaciones accesibles (con la incorporación de balnearios y apartamentos, entre otros) y obliga a las piscinas de uso colectivo a disponer de una grúa o rampa de acceso para personas con movilidad reducida.

Asimismo, se mejoran las condiciones de accesibilidad en las vías públicas, con especificaciones técnicas orientadas al aumento del ancho de los itinerarios peatonales, la rebaja de las pendientes de las rampas y el incremento del número de plazas de estacionamiento de vehículos reservadas para personas con discapacidad, que pasan de uno por cada cincuenta a uno por cada cuarenta.

En lo que se refiere al ancho de los itinerarios peatonales, éstos pasan de 1,20 a 1,50 metros, y la altura máxima de los bordillos se reduce de 14 a 12 centímetros, mientras que las pendientes máximas de las rampas tendrán que reducirse del 12 al 10%. También se regulan los carriles reservados a bicicletas contiguos a los itinerarios peatonales, con una señalización diferenciada en textura y color.

Ámbito laboral

En el terreno laboral, se incluyen expresamente las áreas de trabajo de las empresas que estén obligadas a reservar puestos de trabajo a personas con discapacidad, con, al menos, un 2% en las plantillas de más de cincuenta trabajadores.

En el ámbito de las administraciones públicas, el decreto señala que en el plazo de un año, desde su entrada en vigor, deberán llevarse a cabo las adaptaciones mínimas en sus edificios para posibilitar el acceso a las zonas de atención al público.

Finalmente, la norma establece la creación del denominado Fondo de Supresión de Barreras como instrumento para financiar los distintos proyectos de accesibilidad promovidos por la Junta. Su dotación se establecerá anualmente en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Navarro ha indicado que el plazo de adaptación a la nueva norma se prolongará hasta el año 2019 en el caso de las infraestructuras ya existentes, mientras que en las nuevas tendrá dos meses tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En cuanto al régimen sancionador contemplado en los casos en que se incumpla la norma, ha informado de que oscilará entre las faltas leves y las muy graves, que, en este último caso, supondrán la imposición de multas de hasta 300.000 euros.

Las consejerías competentes en cada caso serán las responsables de aplicar las sanciones, ha añadido la consejera, que ha recordado que, pese a que las medidas contempladas son coordinadas por la Consejería para la Igualdad, el resto de los departamentos del Gobierno andaluz deben velar por su cumplimiento en su ámbito de vigilancia.

Planes municipales

Finalmente, Micaela Navarro ha destacado que más del 70% de los municipios andaluces ya desarrollan un plan de accesibilidad, que ha experimentado un importante avance de la mano del Plan E puesto en marcha por el Gobierno central.

Según los datos aportados por la consejera, desde 2001 la Junta ha subvencionado con 6,8 millones de euros, y mediante convocatoria anual de ayudas, la elaboración de planes de accesibilidad por ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, que han permitido a 593 consistorios iniciar actuaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas.

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