FACUA Andalucía considera que el futuro Gobierno debería introducir reformas sustanciales a la Ley de Consumidores

La Federación advierte que los aspectos positivos del nuevo texto legal se ven ensombrecidos por importantes carencias y retrocesos, como su renuncia a la vertebración real de la sociedad civil y la falta de reconocimiento de las asociaciones de consumidores como agentes sociales y económicos.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA considera que la consejería que asuma las competencias en materia de políticas de Consumo del Gobierno que saldrá de las Elecciones Autonómicas debería introducir reformas sustanciales a la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que entra en vigor hoy 1 de marzo.

FACUA Andalucía advierte que los aspectos positivos del nuevo texto legal se ven ensombrecidos por importantes carencias y retrocesos, como su renuncia a la vertebración real de la sociedad civil y la falta de reconocimiento de las asociaciones de consumidores como agentes sociales y económicos, mostrando frente a ello a una Administración supuestamente autosuficiente en la ardua tarea de controlar el mercado y proteger los derechos de los consumidores, la cual rechaza potenciar y dar una participación de forma real y efectiva a sus organizaciones representativas.

La Federación desarrollará acciones informativas, entre las que se incluyen la edición de publicaciones y la celebración de conferencias, para dar a conocer a los consumidores los nuevos aspectos que recoge la Ley. Asimismo, desarrollará acciones de control de mercado para exigir su cumplimiento a autoridades y empresarios.

FACUA Andalucía seguirá reivindicando en la próxima legislatura un marco normativo en el que se reconozca el papel de agentes económicos y sociales que juegan hoy las asociaciones de consumidores. Entre los cambios en la Ley, la Federación demandará que aumente los niveles de participación de las asociaciones de consumidores, que potencie el papel del Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía como el máximo órgano de representación y consulta de los consumidores andaluces y que actualice el papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) para que abandonen funciones que resultan más propias de los agentes económicos y sociales, como las funciones mediadoras entre empresarios y asociaciones de consumidores ante las reclamaciones individuales de los ciudadanos.

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