FACUA Andalucía exige a Consumo una sanción ejemplarizante contra Gas Natural por el cobro ilegal de cantidades millonarias en sus facturas

La Federación presentó una denuncia el pasado noviembre ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación por el cobro ilegal de los derechos de alta y la cuota de mantenimiento de las instalaciones desde mediados de los 90. La Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la sentencia contra la empresa dictada en julio de 2003.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA exige a la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación que resuelva el expediente abierto ante su denuncia presentada el pasado noviembre contra Gas Natural por el cobro ilegal desde mediados de los 90 de derechos de alta y una cuota por el mantenimiento de las instalaciones. FACUA Andalucía pide a Consumo que imponga a la empresa una sanción ejemplarizante además de obligarla a paralizar estas prácticas y devolver a los usuarios las cantidades facturadas de forma irregular.

FACUA Andalucía está agrupando a los afectados en Andalucía y el resto de comunidades autónomas para reclamar la devolución de su dinero, que en conjunto asciende ya a varios cientos de millones de euros. Sentencias como la dictada el pasado julio en Córdoba, que acaba de ser ratificada por la Audiencia Provincial, corroboran unas irregularidades que la Federación viene denunciando desde 1994. La Federación ha creado una web para informar a los afectados, FACUA.org/gasnatural.

Desde la Dirección General de Consumo se vienen imponiendo una serie de sanciones a la empresa a raíz de denuncias de usuarios particulares. Pero al no tratarse de irregularidades que afecten a un número reducido de consumidores, sino a la generalidad de clientes de Gas Natural, FACUA Andalucía demanda una actuación mucho más contundente que además acabe con las prácticas denunciadas.

Mantenimiento de las instalaciones comunitarias

Gas Natural percibe varias decenas de millones de euros cada año por cobrar de forma ilegal a buena parte de los 4,3 millones de clientes que tiene en España una cuota, denominada Instalación Receptora Común (IRC), por el mantenimiento de las instalaciones comunitarias propiedad de la compañía.

Aunque la cuantía de esta cuota no es la misma para todos los abonados, Gas Natural les factura aproximadamente entre 22 y 49 euros anuales por este concepto. La empresa habla de 21,64 euros anuales (no menciona si está o no incluido el IVA) en una sentencia dictada el pasado 28 de julio por el titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba donde se pone de manifiesto la ilegalidad de estas prácticas, la cual ha sido ratificada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. La demanda fue presentada por el Ayuntamiento de la capital cordobesa tras haber recibido denuncias de FACUA Córdoba y usuarios particulares. Por su parte, los teleoperadores del servicio de atención al cliente de la compañía informan que el IRC supone generalmente 7 euros más IVA bimestrales, aunque confirman que no todos los clientes pagan lo mismo.

El Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (Real Decreto 2.913/1973) establece que es la propietaria de las instalaciones quien tiene que asumir los costes de su mantenimiento. Y Gas Natural es la dueña de una parte importante de las mismas.

Desde la segunda mitad de los 90, la oferta para captar clientes desarrollada por la compañía se basa en que éstos ya no tienen que asumir el alto precio de las infraestructuras necesarias en cada bloque de viviendas para el suministro de gas. Estas nuevas instalaciones son propiedad de la compañía, a diferencia de las existentes anteriormente en inmuebles donde las comunidades de propietarios habían decidido asumir sus costes, aquéllos que contaban con instalaciones de gas ciudad y a comienzos de los 90 fueron adaptadas para el suministro de gas natural o en viviendas unifamiliares donde a la suministradora no le resultara rentable asumir los citados costes.

Ya en abril de 1994, FACUA denunció en Andalucía que Gas Natural (entonces Gas Andalucía) estaba cobrando ilegalmente a numerosos usuarios un canon (3,16 euros más IVA por cada factura bimestral) por el mantenimiento de las instalaciones. Tras la denuncia, la suministradora dejó de facturar dicho concepto en la comunidad autónoma durante los dos años siguientes, pero desde enero de 1997 y hasta la fecha volvió a incluirlo en sus recibos.

En marzo de 2001, a raíz de la denuncia presentada por un jiennense socio de FACUA, la Consejería de Gobernación resolvió que el anexo a la póliza de abono suscrita entre la filial de Gas Natural en Andalucía y sus clientes es nula de pleno derecho, advirtiendo que el cobro de la cuota por el mantenimiento de las instalaciones es improcedente y una cláusula abusiva.

Los derechos de alta, ilegales si no están autorizados por la Comunidad Autónoma

Las denuncias de FACUA Andalucía por irregularidades en la facturación de Gas Natural, cuyos principales accionistas son La Caixa y el Grupo Repsol, también apuntan a los derechos de alta que tienen que pagar sus nuevos clientes. Desde 1996, la Federación viene denunciando el cobro de este concepto en Andalucía de forma ilegal. Según señaló la empresa en el juicio celebrado en la capital cordobesa el pasado julio, los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Navarra y País Vasco le han autorizado a facturar los derechos de alta a quienes se abonen al servicio. Pero, ¿qué ocurre con Andalucía y el resto de comunidades autónomas?

La Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, es clara al respecto. En su artículo 91, establece que el cliente sólo está obligado a pagar los derechos de alta de Gas Natural, que superan los 60 euros, si su Comunidad Autónoma ha aprobado una norma que regule la aplicación de este concepto. Las cantidades que tendría que devolver la compañía por cobrar indebidamente este concepto también son espectaculares.

La obligación de que las comunidades autónomas autoricen el régimen económico de los derechos de alta para poder aplicarlos ha sido reafirmada en el artículo 29 del Real Decreto 1.434/2002, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

Hasta 2003, el cobro de la acometida no estaba permitido

Desde 2003, Gas Natural tiene autorización del Gobierno para cobrar derechos de acometida a sus nuevos clientes. El Real Decreto 1.434/2002 autoriza en su artículo 30 el cobro de derechos de acometida, cuya cuantía se establece en la misma norma, los cuales define como "la realización del conjunto de instalaciones y/o operaciones necesarias para atender un nuevo punto de suministro de gas o para la ampliación de la capacidad de uno ya existente".

Pero con anterioridad, la compañía también había facturado ilegalmente este concepto. En mayo de 1998, FACUA Andalucía logró que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la entonces Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía impusiera una sanción a Gas Andalucía, filial de Gas Natural, por el cobro indebido de los derechos de acometida.

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