La CNC sanciona a Repsol, Cepsa y BP por fijación indirecta de precios de carburantes de venta al público

La multa asciende en total a 7,9 millones de euros.

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha informado este jueves de que ha acordado sancionar con una multa total de 7,9 millones de euros a Repsol, Cepsa y BP por considerar que en sus relaciones con las estaciones de servicio que operan como empresarios independientes llevan a cabo ciertas prácticas comerciales que equivalen a fijarles indirectamente los precios de venta al público, actuación prohibida por las normas de defensa de la competencia.

En virtud de dichas prácticas, los precios máximos y precios recomendados comunicados por el operador se convierten en precios fijos, eliminando la libertad del distribuidor minorista para fijar el precio de venta al público del carburante en su estación de servicio.

El Consejo ha analizado la especial relación que vincula a las mencionadas operadoras con los comisionistas y revendedores a la luz de las normas de la competencia. El Consejo concluye que la forma en que los operadores petrolíferos fijan el precio al que las estaciones de servicio les compran el combustible y la forma en la que establecen las comisiones que éstos perciben como contraprestación de sus servicios, junto con otros factores de su relación comercial, elimina los incentivos de las estaciones de servicio para realizar descuentos y, por tanto, competir vía precios.

Esta vinculación comercial implica en la práctica simples contratos de reventa por parte de las estaciones de servicio, en los que la fijación directa o indirecta de los precios está prohibida por las normas de la competencia en la medida en que se trata de empresarios que asumen riesgos importantes y, por tanto, deben tener libertad para fijar sus precios de venta.

El Consejo entiende que de esta forma cada una de las operadoras estaría controlando los precios de venta al público de las estaciones de servicio bajo su bandera, para evitar la competencia en precios entre las estaciones de su red. A esto se une la fijación directa de precios que sí está permitida en las estaciones gestionadas por la propia operadora o con contratos de agencia.

El Consejo considera acreditado que esta fijación indirecta de precios, además de eliminar la competencia entre las estaciones de servicio de cada red, excluye también la competencia entre estaciones de servicio de redes distintas dado que los precios máximos y recomendados comunicados por las tres operadoras (y seguidos por las estaciones de servicio ante la imposibilidad de realizar descuentos) se basan contractualmente en los precios del área de influencia y, por tanto, son los mismos.

El resultado es que, independientemente de la marca, de la ubicación, o del régimen económico de explotación de la estación de servicio, todas ellas aplican el mismo precio máximo o recomendado fijado por su operadora, que además está alineado con el precio máximo o recomendado que fijan el resto de operadoras. Se trata, pues, de una práctica vertical de fijación indirecta de precios que tiene como efecto también una fijación horizontal de precios y, por tanto, una ausencia de competencia entre las estaciones de servicio de las tres operadoras (competencia intermarca).

Por todo ello, el Consejo ha decidido imponer a las operadoras las siguientes multas: Repsol, 5 millones de euros; Cepsa, 1,8 millones de euros; y BP, 1,1 millones de euros. El Consejo intima además a las empresas sancionadas a que se elimine toda cláusula contractual, así como aquellos elementos de su relación comercial, que tengan por efecto dicha fijación indirecta de precios.

Finalmente, la Resolución del Consejo obliga a la tres operadoras a abstenerse de realizar en el futuro las prácticas sancionadas y las obliga a publicar la parte dispositiva de la resolución en el plazo de dos meses.

Conductas contrarias a la defensa de la competencia

Los problemas del mercado de carburantes de automoción han sido planteados igualmente en un informe sobre el sector que analiza no sólo la distribución minorista sino también mayorista de carburantes remitido al Gobierno por la CNC, que verá la luz el próximo mes de septiembre. El mismo analiza el elevado grado de integración vertical y de concentración que existe en las distintas actividades que conforman este mercado. Al mismo tiempo, se destaca la existencia de importantes barreras de entrada que facilitan la realización y perpetuación de conductas que, como las sancionadas, son contrarias a las normas de defensa de la competencia.

El informe destaca que la capacidad de refino en España está controlada por los tres operadores petrolíferos sancionados, los mismos que ostentan la participación más alta en CLH, compañía que gestiona los recursos logísticos de transporte y los principales de almacenamiento.

Entre estas tres operadoras controlan también más del 70% de la distribución minorista de los combustibles a través de estaciones de servicio. La posición en el mercado de refino y en el transporte y almacenamiento les otorga una ventaja competitiva en el mercado de distribución minorista, dándoles además un poder de mercado que facilita la creación de barreras de entrada a otros operadores que carecen de estas posiciones estratégicas.

Junto a ello se han detectado importantes retrasos por parte de las Administraciones Públicas competentes en la concesión de permisos de instalación y apertura de nuevas estaciones de servicio, abundando en la creación de barreras de entrada que perpetúan el poder de mercado de los instalados. El informe contendrá por lo tanto, recomendaciones para mitigar los efectos de estas barreras de entrada.

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