5.200 euros

RCI, una de las principales empresas de vacaciones en tiempo compartido, multada tras una denuncia de FACUA

Una usuaria tuvo que marcharse de un complejo hotelero porque cuando llegó le pidieron 900 euros de los que la empresa no le había informado.

Tras una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, una de las principales empresas de vacaciones en tiempo compartido, RCI, ha sido multada con 5.200 euros por la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde tiene su sede social en España.

FACUA denunció a la empresa por las irregularidades que sufrió una usuaria de Sevilla que, como el resto de clientes de RCI, había comprado la titularidad de un apartamento durante una semana al año, con la posibilidad de intercambiarlo con otros en distintos países en función de sus intereses.

Tras aceptar una oferta para realizar un intercambio en el complejo hotelero Occidental Grand Fuerteventura, cuando María del Carmen M.A. llegó al mismo le indicaron que para disfrutar de su semana de estancia, que sólo podía ser en régimen de todo incluido, debía abonar 900 euros, cantidad de la que RCI no le había informado. La afectada tuvo que marcharse del complejo en un vuelo al día siguiente de su llegada y abonar una noche de estancia.

Después de que RCI se negase a indemnizar a la usuaria por los perjuicios causados y a someter la reclamación a un arbitraje de consumo, en julio de 2006 FACUA presentó una denuncia contra la empresa ante la Dirección General de Consumo del Gobierno madrileño.

Tras analizar el contenido de la denuncia y la documentación aportada por la empresa, la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha comunicado a FACUA que ha resuelto sancionar a RCI Europe Sucursal en España, SA con la cantidad de 5.200 euros.

Consumo considera acreditado que "cuando la reclamante llegó a la recepción del hotel, le indicaron que para poder acceder a la habitación tiene que abonar 900 euros, sin que este dato constase en ninguno de los documentos entregados a la reclamante y que han sido aportados por la empresa a los servicios de inspección".

Asimismo, la resolución sancionadora indica que "la empresa expedientada no ha aportado la información y documentación requerida por la inspección de consumo" en uno de sus emplazamientos.

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