Facturas irregulares

El Congreso pide al Gobierno que actúe contra el fraude de las llamadas falsas a líneas 905 denunciado por FACUA

La asociación, que sigue recibiendo reclamaciones a diario, critica la pasividad del Instituto Nacional del Consumo y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

El Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno que actúe contra el fraude de las llamadas falsas a líneas 905 que FACUA-Consumidores en Acción viene denunciando desde hace un año ante la pasividad del Instituto Nacional del Consumo (INC) y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi).

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del Grupo Popular sobre medidas para la protección de los afectados por las facturaciones masivas de las líneas 905.

En ella plantea que "un importante número de usuarios de telefonía fija y móvil han sido víctimas de facturaciones masivas por llamadas no realizadas sujetas a tarificación especial" a números con prefijo 905.

FACUA sigue recibiendo numerosas reclamaciones cada día en sus oficinas, teléfonos y a través de la página web FACUA.org/905. La cifra de afectados que han contactado con la asociación superó hace meses los 2.000.

Recogiendo textualmente el contenido de las denuncias de FACUA, el texto de la proposición no de ley indica que "según las organizaciones de consumidores, las víctimas de la facturación de llamadas falsas a líneas 905 se extienden a las diecisiete Comunidades Autónomas. Sus facturas incluyen decenas, cientos e incluso miles de llamadas a teléfonos de concursos con prefijo 905 que en realidad no se realizaron. Su duración suele oscilar entre 1 y 5 segundos y en muchos casos se repiten en intervalos de tiempo de sólo 4 segundos lo que implica que el usuario no pudo realizarlas al serle materialmente imposible".

Así, el Congreso ha instado al Gobierno a "cuantificar el número de usuarios afectados y el volumen de la facturación de las llamadas falsas a líneas 905" y a "adoptar las medidas de carácter administrativo y jurisdiccional que sean precisas contra las facturaciones indebidas".

Asimismo, reclama que "a través del Instituto Nacional del Consumo, se coordinen las actuaciones por parte de las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo".

Por último, insta al Ejecutivo a "adoptar las medidas que sean necesarias para que los usuarios afectados no se vean obligados a pagar las cantidades que se les reclama por parte de las operadoras telefónicas".

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