La CNC sanciona a seis compañías de seguros por un acuerdo de precios

La multa asciende a 120,7 millones de euros.

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado este jueves a seis compañías de seguros con un total de más de 120,7 millones de euros por la realización de un acuerdo de cártel de fijación de precios mínimos en el seguro decenal de daños a la edificación en España durante los años 2002-2007.

Las compañías multadas son Asefa (27,759 millones de euros), Mapfre Empresas/Mapfre Re (21,632 millones de euros), Caja de Seguros Reunidos (Caser) (14,241 millones de euros), Suiza/Swiss Re (22,641 millones de euros), Scor (18,599 millones de euros) y Münchener (15,856 millones de euros).

Seguro obligatorio

La Ley de Ordenación de la Edificación introdujo en el año 2002 la obligación para los promotores de edificios nuevos destinados a viviendas, de contratar un seguro de daños materiales a diez años, que garantiza los daños causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen en elementos estructurales y que comprometan su resistencia o estabilidad (el seguro decenal).

Debido al enorme crecimiento que experimentó el sector de la construcción, el mercado del seguro decenal se amplió notablemente, alcanzando porcentajes elevados de crecimiento, así como una intensa competencia en precios.

Las aseguradoras presentes en este mercado del seguro decenal, con el objeto de diversificar su cartera de riesgos, suscriben con compañías internacionales contratos o tratados de reaseguro, que les permiten ceder a las reaseguradoras un porcentaje elevado del riesgo asumido y de la prima contratada.

El cártel surge en este contexto de demanda creciente y con el objeto de evitar la caída del precio del seguro decenal provocada por la competencia existente entre las compañías de seguro directo.

A lo largo del segundo semestre de 2001, las principales aseguradoras (Asefa y Mapfre Empresas) y las tres principales reaseguradoras (Scor, Suiza y Münchener) del mercado del seguro decenal en España se reúnen e intercambian información con el objeto de alcanzar un acuerdo de precios mínimos. Éste se materializa en un documento de 5 de diciembre de 2001, en el que se fijan los criterios de tarificación del seguro decenal.

Se trataba de un acuerdo de precios mínimos que las partes alcanzaron con el objetivo de que fuese aplicado, no sólo por ellas sino por todo el mercado del seguro decenal.

Homogeneidad en las primas

Para ello, las reaseguradoras se comprometían a incorporar el pacto de precios mínimos a las guías de tarificación que se anexan a los contratos de reaseguro como contenido de obligado cumplimiento por las aseguradoras. El resultado fue la total homogeneidad en las primas propuestas por las distintas aseguradoras presentes en el mercado del seguro decenal en España y la eliminación de la competencia.

Este cártel de precios mínimos se mantuvo vigente durante los años 2002 a 2007, existiendo prueba de que, a partir del año 2006, en el mismo también participó Caser, la tercera aseguradora por cuota de mercado.

Durante estos años, las empresas participantes en el cártel vigilaron que el acuerdo de precios mínimos fuese respetado, por ellas y por el resto de las aseguradoras y reaseguradoras que operan en el mercado del seguro decenal y su reaseguro.

Cuando se detectaban incumplimientos, eran denunciados a los restantes miembros del cártel, que de forma coordinada ejercían presión sobre la aseguradora, la entidad financiera, el corredor de seguros o la compañía reaseguradora que había aceptado o se mostraba dispuesta a reasegurar seguro decenal suscrito a precios inferiores a los mínimos impuestos por el cártel.

Existe evidencia de que determinados miembros del cártel realizaron actos de retorsión y de boicot frente a esas empresas que se mostraban dispuestas a sustraerse a la disciplina del cártel de precios mínimos, llegando incluso a conseguir romper operaciones comerciales cerradas.

Este cártel de precios mínimos ha sido considerado por la CNC como una infracción muy grave de las normas de defensa de la competencia. El motivo es que además de su larga duración, ha afectado a todo el mercado de un producto que es de contratación obligatoria para los promotores de viviendas, que tienen la posibilidad de trasladar el incremento de este coste al precio final de la vivienda.

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