Uno de cada tres contratos de compraventa de viviendas en Andalucía incluye cláusulas abusivas

Así se desprende de la campaña de inspección realizada en 2009 por la Consejería de Salud.

Uno de cada tres contratos de compraventa de vivienda en Andalucía (el 35% de ellos) incluye algún tipo de cláusula abusiva.

Entre ellas se encuentra, por ejemplo, imponer al consumidor el pago del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) o los gastos que corresponden legalmente al vendedor, impedir al usuario la libre elección de notario o que se prevea un plazo de entrega de la vivienda sin fijar una fecha cierta.

Así se desprende de la campaña de inspección sobre la información en la compraventa y arrendamiento de viviendas realizada en 2009 por la Consejería de Salud a través de su Dirección General de Consumo y que este lunes ha presentado en rueda de prensa la titular del ramo, María Jesús Montero.

Montero dijo que los resultados de esta campaña revelan que en uno de cada dos casos estudiados (en concreto en el 49%) se ha detectado algún tipo de infracción de la normativa que protege al consumidor en el sector inmobiliario.

No obstante, y aún siendo elevado el porcentaje de irregularidades, se registra una tendencia a la baja en los últimos años y el grado de incumplimientos se ha reducido en dieciocho puntos, pasando del 67% en 2006 al 49% en 2009.

Explicó que esta reducción en el número de incumplimientos detectados se ha experimentado coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo Reglamento de Información al Consumidor en la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas en Andalucía. La misma obliga desde hace tres años a las inmobiliarias y promotoras a tener a disposición del público un documento estandarizado con información clara y precisa sobre las características del inmueble y sobre las condiciones económicas de la oferta.

Desde la entrada en vigor de este nuevo reglamento, los consumidores deben recibir el denominado Documento Informativo Abreviado (DIA) en el caso de que se interesen tanto por una vivienda en proyecto o construcción, como por una vivienda nueva ya construida, o bien por una vivienda en alquiler, según recordó Montero.

Dicha normativa, agregó, beneficia tanto a los consumidores, al reforzar sus derechos, como a los empresarios, al incrementar la confianza de la población en el sector.

Advirtió de que continúa detectándose numerosos incumplimientos en relación a la información con la que deben contar los usuarios cuando afrontan la compra de una vivienda, que normalmente es la inversión más elevada que realiza una persona durante su vida.

Falta de avales

En este sentido, la campaña de inspección de Consumo en 2009 ha puesto de relieve que de las promociones de viviendas en las que se recogen cantidades a cuenta, el 26%, es decir, la cuarta parte de ellas no estaba avalada o asegurada individualmente para cada comprador. En 2008 este porcentaje fue del 44%.

El 43% de la publicidad de las ofertas de compraventa (en 2008 fue el 45%) no menciona el derecho de la persona consumidora a que se le entregue el Documento de Información Abreviado (DIA). Asimismo, en el cinco por ciento de los casos los contratos de compraventa incluyen cláusulas que facultan al vendedor al incremento del precio final pactado.

Incumplimientos de publicidad y sanciones

En relación a la publicidad de viviendas en arrendamiento, uno de los incumplimientos más comunes es que no se incluyan los gastos de comunidad si éstos van a ser por cuenta de la persona consumidora, y ocurre así en el 29% de la publicidad analizada por los inspectores de Consumo.

Además, también respecto a viviendas en alquiler, en el 26% de los casos los Documentos Informativos Abreviados no informan sobre las condiciones de la fianza y en el 20% no incluyen el coste total de los servicios de intermediación cuando éstos existen.

Las sanciones que pueden interponerse a las empresas que incumplan las normas que protegen a los consumidores van desde los 200 euros por una leve -no tener hojas de reclamaciones, por ejemplo- y los 400.000 por faltas muy graves -que acumulan infracciones graves, como no tener avales, y reinciden en sus incumplimientos-.

Expedientes sancionadores

En el transcurso de 2009 la Junta ha iniciado un total de 401 expedientes sancionadores en materia de vivienda que suman un montante de más de 2,2 millones de euros.

El sector de la vivienda, con 1.270 reclamaciones, ocupa el sexto lugar en el ranking del conjunto de quejas recibidas por los servicios de Consumo de la Junta en 2009, por detrás de los servicios esenciales, los servicios de comunicaciones, el comercio minorista, los transportes o las entidades financieras.

En concreto, tres son los motivos fundamentales de estas quejas: irregularidades en la construcción (vicios ocultos), incumplimientos de las características y memoria de calidades y no avalar las cantidades entregadas a cuenta. De hecho, más de la mitad de las reclamaciones en este sector presentadas ante la Junta (658 en 2009) se han producido por alguna de estas causas.

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