El Consejo de Consumidores y Usuarios analiza el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible

Las reflexiones de las que parte para justificar la reforma legislativa sobre la situación de crisis, el modelo especulativo y el sobreendeudamiento de los consumidores no se ven reflejados en la parte sustantiva de la norma.

El Consejo de Consumidores y Usuarios ha elaborado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

El CCU, integrado por once asociaciones de consumidores, entre ellas FACUA-Consumidores en Acción, critica en su informe que las reflexiones de las que parte la Memoria y el propio texto del Anteproyecto sobre la situación de crisis actual, de las situaciones de sobreendeudamiento, del modelo especulativo..., como justificación a la reforma legislativa, no se ven reflejadas en la parte sustantiva de la norma.

El CCU advierte que la Ley se justifica por la necesidad de incorporar y reforzar elementos de competencia y sostenibilidad en nuestra economía, sin embargo, no introduce la necesidad de replantearse otros patrones de crecimiento donde también el consumo sostenible y la protección de los consumidores sean claves y ejes de un nuevo modelo económico "socialmente sostenible".

Asimismo, el CCU considera necesario que la norma promueva y refuerce los mecanismos de participación social y ciudadana como instrumentos legitimadores de las medidas que deban adoptarse por un modelo económico más sostenible también socialmente.

Igualmente, se echa en falta que el Gobierno establezca un canal eficaz de diálogo con el órgano máximo de representación de los consumidores.

En esta línea, el CCU propone las siguientes medidas concretas para evitar la desigualdad que se produce con las entidades financieras, las empresas de suministro, o el sector transporte, entre otros.

SERVICIOS FINANCIEROS: El CCU considera que la responsabilidad de la concesión de un crédito debe recaer sobre la entidad prestamista, puesto que es ella la que decide que información solicitar y la que evalúa la petición. De este modo, si se concede un crédito "irresponsable", el contrato debe declararse nulo y el prestatario devolver el crédito, pero sin abono de intereses de ningún tipo.

MERCADO DE VALORES: La Ley debe permitir que las asociaciones de consumidores, o cualesquiera otros agentes sociales, puedan instar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la incoación de expedientes sancionadores. Además, las sanciones deben ser de fácil acceso para el público general, y han de que aparecer publicadas en la página web de la CNMV a fin de que los ciudadanos tengan información suficiente a la hora de invertir.

ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA: El CCU considera que la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual, a partir del 1 de enero de 2011, para rentas inferiores a 24.107 euros, podría incitar a los consumidores a comprar, sin tener en cuenta una previsión de su capacidad de pago a largo plazo, cuando además es muy posible una subida de los tipos de interés.

TASACIONES PREVIAS: Sería necesario aprovechar esta reforma para regular legalmente la validez de una tasación previa aportada por un consumidor y efectuada por un tasador homologado, ajeno a la nueva entidad de crédito donde se solicita un préstamo hipotecario.

CONTRATACIONES PARALELAS: El CCU denuncia la práctica habitual entre las entidades financieras de vincular la concesión de una hipoteca a la contratación de productos como planes de pensiones, seguros, tarjetas, etc. El Consejo considera que tales prácticas son excesivas (abusivas), porque obligan al consumidor a contratar productos al margen de su voluntad si quiere acceder a un préstamo.

EJECUCIÓN DE HIPOTECAS: En cuanto a la ejecución de hipotecas, el Consejo es partidario de añadir un artículo al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en el que se indique que, cuando el propietario sea un consumidor y no disponga de otra vivienda, podrá pedir al juez que, en lugar de subastar el bien, se establezca un procedimiento de acuerdo entre acreedor y deudor.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: En el anteproyecto se prevé la extensión de la Ley de subrogación de préstamos hipotecarios a los créditos que se destinen a rehabilitación de inmuebles. Esta ley, que reduce los gastos de cambio de préstamo hipotecario, también se debería aplicar según el CCU a los créditos de todo tipo, evitándose así que algunas entidades financieras obstaculicen el cambio o la subrogación de hipotecas.

ÁMBITO RURAL: Al menos algunas de las medidas de rehabilitación de viviendas previstas para el medio urbano, deben ser de aplicación en el ámbito rural, puesto que en él reside el 40% de la población.

INQUILINOS DE RENTA ANTIGUA: Cuando se rehabilitan viviendas, deberían preverse mayores mecanismos de ayuda y/o exención total de pago especialmente para los inquilinos de contratos de renta antigua (tomando en consideración, lógicamente, sus ingresos) que residan en viviendas que precisen urgentes planes de rehabilitación; ello requiere de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

MEDIO AMBIENTE: En esta materia el CCU reitera dos de sus reivindicaciones ya históricas: el sometimiento de las empresas que suministran servicios de interés general al Sistema Arbitral de Consumo y el reconocimiento en nuestro Derecho interno de la Carta Europea de Derechos de los Usuarios de Energía, con el fin de garantizar una mayor protección de los consumidores en este sector de oferta.

CONSUMO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE: Se debe modificar la actual legislación de defensa de los consumidores para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el "Derecho a un consumo sostenible y responsable" contenido de las directrices de Naciones Unidas, como medida asociada también al fomento de la eficiencia energética.

CONOCIMIENTO DETALLADO DEL GASTO: El CCU considera indispensable que los propios usuarios puedan conocer de forma periódica y en detalle el gasto energético que realizan, lo que en la práctica es difícil por el actual sistema de lectura bimenstral y facturación mensual.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: En cuanto a las medidas que ha de adoptar el Gobierno para favorecer el desarrollo de los vehículos eléctricos, el Consejo desconoce por qué se mencionan de forma exclusiva los vehículos eléctricos y ni siquiera se nombran otros vehículos como los de hidrógeno o los híbridos,que igualmente necesitan de infraestructuras para su recarga.

CENTRALES NUCLEARES: Se debe introducir por Ley un régimen de responsabilidad ilimitada (tanto en el tiempo hábil para reclamar daños como en la cuantía de las reclamaciones) por los daños causados por accidentes nucleares (incluidos, además de los ocasionados a las personas y a las cosas, los medioambientales), como el que ya se encuentra en vigor en Alemania y otros países.

Las empresas nucleares deberían ser las únicas responsables de establecer las garantías necesarias y, si no pueden conseguirlas a través de las empresas de seguros, tendrían que asumirlo inmovilizando fondos propios por un valor igual o superior a la responsabilidad atribuida, tal y como hacen, por ejemplo, las centrales nucleares alemanas.

MERCADOS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES: Es preciso reforzar los mecanismos de protección del consumidor, tanto a nivel normativo (contenido de las pólizas, información previa a la contratación, definición de las coberturas y exclusiones, mecanismos de resolución de conflictos con los asegurados, prórrogas de los seguros, subidas de prima, etc.), como en relación a las propias competencias y medios de la Dirección General de Seguros como organismo administrativo de tutela.

LOS SERVICIOS DE RECLAMACIONES: Las resoluciones de los servicios de reclamaciones de los supervisores financieros no son de obligado cumplimiento. El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible mejora procedimiento. Para el CCU seria deseable que la normativa contemplara la posibilidad de que las entidades se sometieran a las resoluciones del Servicio de Reclamaciones. De la misma forma, el Consejo considera necesario que se establezca un plazo máximo de resolución del expediente.

ORGANISMOS REGULADORES: El CCU cree necesario mencionar expresamente en la norma que todos los organismos reguladores, dispongan de un Comité Consultivo (o la denominación que proceda) con presencia y participación del Consejo de Consumidores y Usuarios, con el fin de asegurar la participación social, y en número suficiente para garantizar el equilibrio entre los sectores e intereses representados.

EMPRESAS SUMINISTRADORAS: El Consejo cree que las empresas de suministro debieran dar la opción de consultar las lecturas del consumo deestos servicios a través de Internet, y dar facilidad para presentar reclamaciones o solicitar cualquier tipo de información a través de la red, al objeto de facilitar la atención al cliente para las poblaciones mas alejadas de los núcleos urbanos.

CALIDAD DEL SUMINISTRO: Se echa en falta que, junto con la seguridad del suministro, no se hable igualmente de su calidad, de transparencia e información a los consumidores y de participación social, como principios igualmente que deberían definir nuestro modelo energético.

BANDA ANCHA DE 1 MEGA: Teniendo en consideración las velocidades que ya ofrece el mercado de la banda ancha así como el hecho de que, en la práctica, la velocidad a la que el usuario tiene acceso es habitualmente inferior a la ofertada por los operadores, se aprecia como insuficiente la velocidad mínima de un Mega que definiría el servicio universal.

TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO: En cuanto a los principios de regulación económica del sector del transporte, el CCU considera necesaria: La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales -incluido el régimen tarifario- que les afectan directamente y la representación de sus intereses a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

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