FACUA Cádiz reitera que la decisión de desalojarla de su sede es una represalia del Ayuntamiento

Ante la amenaza de emprender acciones judiciales contra la Asociación.

El Primer Teniente de Alcalde de Cádiz, José Blas Fernández, ha contestado a las críticas de FACUA Cádiz por su decisión de desalojarla de su sede anunciando que estudia posibles acciones legales contra la Asociación al considerar que sus afirmaciones podrían ser injuriosas.

FACUA Cádiz reitera que, ante la falta de explicación por parte del Ayuntamiento sobre la decisión que ha adoptado, ésta debe ser considerada una represalia en respuesta a las críticas formuladas desde la Asociación.

Por otra parte, el responsable municipal, promotor de la decisión de privar a FACUA Cádiz de su sede, también ha señalado públicamente que el Ayuntamiento ha mantenido una actitud "dadivosa y benévola" hacia la Asociación, al mantener la cesión del local que acordara el anterior equipo de gobierno.

Ante tales afirmaciones, FACUA Cádiz reitera las declaraciones efectuadas al respecto por sus responsables, y muestra su total confianza en que las mismas no pueden ser consideradas de ningún modo injuriosas, por lo que considera poco probable que el Ayuntamiento pueda iniciar acciones legales contra ella.

Por ello, achaca la respuesta del edil a su total carencia de conocimientos jurídicos, que le llevan a confundir el normal ejercicio de la libertad de expresión por parte de un colectivo con una posible conducta delictiva.

Aunque dichos conocimientos no son indispensables para el ejercicio de un cargo político, FACUA Cádiz se muestra sorprendida y preocupada de que la ignorancia en materia de Derecho por parte del mencionado edil provoque que también desconozca el contenido de la vigente Constitución Española.

Concretamente, la Asociación informa a Fernández que, atendiendo al artículo 51.2 de la citada norma, las administraciones públicas deben fomentar a las Asociaciones de Consumidores, por lo que mantener la cesión a FACUA Cádiz de su sede no puede ser considerada una dádiva o acto benevolente sino, simplemente, el cumplimiento de un mandato constitucional.

Por ello, FACUA Cádiz lamenta que el Ayuntamiento pierda tiempo y recursos públicos, recurriendo a la contratación de servicios jurídicos externos o los del propio consistorio, en estudiar la iniciación de actuaciones contra la Asociación, en lugar de explicar los motivos de la decisión de desalojarla de su sede.

Al mismo tiempo, vuelve a mostrar su malestar ante la falta de respuesta por parte de la Delegada de Consumo, Carmen Obregón, que, al igual que durante toda la legislatura, parece mantenerse al margen de las decisiones municipales en materia de consumo, competencia que parece haber sido asumida por el responsable de Hacienda y Patrimonio.

FACUA Cádiz anuncia que esta misma semana va a reunirse con los grupos políticos de la oposición, a los que va a solicitar que apoyen su petición de que la decisión de desalojarla de su sede sea revocada por el Ayuntamiento.

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