Los ministros de telecos debaten la Estrategia de Granada

Demandan una Europa Digital centrada en los consumidores y no en los intereses de las empresas de telecomunicaciones

FACUA, ExGae, Red Sostenible y FCForum critican la falta de participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas de telecomunicaciones.

Este lunes 19 de abril se celebra en España una Reunión Informal de Ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la UE en la que pretende aprobarse la Propuesta Española por una Europa Digital, también denominada Estrategia de Granada (ciudad en la que tiene lugar el evento).

Coincidiendo con este acto, FACUA-Consumidores en Acción, ExGae, Red Sostenible y FCForum, que agrupan, entre otros, a cerca de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos ciudadanos, han celebrado en Sevilla una rueda de prensa para analizar el contenido de la propuesta española y dar a conocer los graves peligros que puede implicar.

Estas entidades muestran su preocupación por las presiones que los lobbies de las industrias de las telecomunicaciones y la cultura vienen ejerciendo sobre Bruselas y los gobiernos de los Estados miembros para lograr el desarrollo de políticas a la medida de sus intereses económicos que perjudican a los ciudadanos.

FACUA, ExGae, Red Sostenible y FCForum advierten que la Europa Digital no puede diseñarse sin contar con la participación de la sociedad civil. Bruselas y los gobiernos de los Estados miembros deben escuchar a los ciudadanos y no sólo a las empresas de telecomunicaciones.

Las organizaciones piden que se garantice un suministro de Internet suficiente para que cualquier usuario final pueda usar todos los servicios y aplicaciones que elija.

Simona Levi, de ExGae, ha señalado que "para un desarrollo sostenible y democrático de la sociedad de la información no debe existir ninguna discriminación, ninguna 'velocidad diferente' según los usos o los servicios que hagan los usuarios, y menos aún según lo que cada uno pueda pagar".

En la rueda de prensa, las organizaciones han denunciado que las operadoras de telecomunicaciones están logrando que gobiernos como el de España se plieguen a sus intereses, en lugar de centrar sus esfuerzos regulatorios en la protección de los derechos ciudadanos.

Uno de los anuncios que pueden surgir de la reunión de Granada es la elaboración de una Carta Europea de Derechos para los Usuarios de Servicios de Comunicación Electrónica. Si su contenido es similar a la carta de derechos recientemente aprobada en España, elaborada sin contar con la participación real de las asociaciones de consumidores, pocos avances encontrarán en ella los usuarios europeos.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha señalado la necesidad de que la regulación europea en materia de telecomunicaciones garantice que todos los ciudadanos puedan acceder al Internet de banda ancha -considerando éste servicio universal-, pero a una velocidad y prestaciones acordes a la realidad actual y con un precio razonable. Es decir, con unas condiciones muy distintas a las previstas por el Gobierno de España en la regulación de la banda ancha como servicio universal en el país.

Entre otras cuestiones, FACUA también ha demandado que Bruselas fije una tarifa para el acceso a Internet en roaming y que los gobiernos de los Estados miembros establezcan precios regulados asequibles para los servicios de voz, datos y acceso a Internet en telecomunicaciones tanto fijas como móviles. Y ello frente a la falta de competencia real y las excesivas tarifas que aplican las grandes operadoras en numerosos países.

La tasa Google

Una de las cuestiones más polémicas que han surgido en los últimos tiempos es que las operadoras de telecomunicaciones quieren exigir a los prestadores de servicios que les paguen por el uso de sus redes. Esto es lo que está dándose a conocer como tasa Google.

Pero los representantes de FACUA, ExGae, Red Sostenible y FCForum han señalado que los prestadores de servicios no son sólo macroempresas como Google. Cualquier ciudadano lo es desde el momento en que tiene su propia web, como un blog, o pone archivos a disposición de otros internautas a través de las redes P2P.

Una tasa de este tipo podría excluir o limitar la presencia en la Red a las pequeñas empresas o a los ciudadanos que alojan contenidos sin ánimo de lucro, a favor de las grandes multinacionales.

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