El expediente iniciado por el Ayuntamiento para desalojar a FACUA Cádiz de su sede carece de informes que justifiquen la decisión

Para acceder al mismo la Asociación se ha tenido que presentar en el Consistorio acompañada de un notario.

El contenido del expediente iniciado por el Ayuntamiento de Cádiz para desalojar a la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA de su sede confirma, a juicio de la organización, que la decisión adoptada por el equipo de gobierno carece de justificación.

FACUA Cádiz entiende que la resolución debe ser entendida como una represalia ante las críticas vertidas desde la Asociación sobre diferentes asuntos municipales.

Para poder acceder al contenido de dicho expediente ha sido necesario que los responsables de FACUA Cádiz se personaran la semana pasada en las dependencias del área de patrimonio del Ayuntamiento acompañados de un notario. El motivo es que el Ayuntamiento no había accedido a entregarles una copia del expediente, a pesar de haberlo solicitado por escrito el pasado 15 de marzo.

Respecto del contenido del expediente, la Asociación destaca que en el mismo no figura ningún tipo de informe técnico que acredite la necesidad municipal de hacer uso del local, ni el ingreso económico que su venta en subasta va a generar para el Ayuntamiento, ni la oportunidad de proceder a su enajenación en lugar de optar por cualquier otro inmueble de propiedad municipal.

A juicio de FACUA Cádiz, el contenido del expediente contradice las declaraciones efectuadas tanto por la Alcaldesa, Teófila Martínez Saiz, como por el Primer Teniente de Alcalde, José Blas Fernández, quienes habían justificado la decisión de desalojar a FACUA Cádiz de su sede en la necesidad imperiosa de hacer uso de la misma.

Obstáculos para acceder al expediente

Tras recibir la notificación ordenándole el desalojo de su sede, FACUA Cádiz solicitó por escrito al Ayuntamiento copia del expediente administrativo iniciado a tal efecto. En dicha notificación se concedía a la Asociación un plazo de dos meses para la presentación de recurso ante los Tribunales de Justicia contra dicha decisión, plazo que se ha visto afectado por la demora del Ayuntamiento en hacer entrega de la copia del expediente.

El pasado jueves, tras transcurrir un mes sin que la petición de la copia del expediente fuera atendida, el presidente de FACUA Cádiz procedió a personarse en el Área Municipal de Patrimonio, acompañado de un notario, con la finalidad de reiterar la solicitud. En presencia del fedatario público, el responsable técnico de dicha Area se comprometió a entregar copia del expediente a última hora del mismo día.

Sin embargo, cuando horas más tarde el presidente de FACUA Cádiz volvió a personarse en el Ayuntamiento a recoger dicha documentación, se encontró con una nueva negativa a hacer entrega del expediente.

Aunque, en primera instancia, el personal del Área de Patrimonio le indicó que se encontraban finalizando la copia del expediente, posteriormente, y en su presencia, dicho personal recibió una llamada telefónica, tras cuya finalización se le comunica que se ha ordenado que no se le facilite la copia. A pesar de solicitarlo, no se informó al presidente de FACUA Cádiz de los motivos del cambio de decisión ni de quién había sido responsable de ordenar la paralización de la entrega del expediente.

Debido a esta situación, el dirigente de FACUA Cádiz se vio obligado a acudir nuevamente al Área de Patrimonio al día siguiente, acompañado otra vez del notario, para reiterar la solicitud de entrega de la copia del expediente, a lo que, tras otra negativa inicial, se accedió finalmente.

FACUA Cádiz considera inadmisible que haya tenido que recurrir en dos ocasiones a la intervención de un fedatario público, asumiendo el coste económico que ello supone, para poder acceder a una información cuyo contenido tiene derecho a conocer y que precisa para poder defender sus intereses.

La Asociación se pregunta si cualquier ciudadano o entidad que se vea afectado por la apertura de un expediente administrativo tiene que sufrir este comportamiento por parte del Ayuntamiento, o si, por el contrario, se trata de una actitud adoptada exclusivamente frente a ella, con la finalidad de ocultarle la ausencia de criterios técnicos que justifiquen la decisión de desalojarla de su sede, tal y como se mantiene desde esta organización.

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